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Tras la orden del presidente de la República, Gustavo Petro, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, entregó un oficio al canciller de la República, Álvaro Leyva, para que a través de los canales diplomáticos "requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana".
Esta solicitud llega luego de las sanciones de U$ 40 millones de dólares que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le interpuso a estas entidades por temas de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
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Desde que se conoció la sanción, el presidente de la República ha mostrado su intención de conocer hasta qué punto estuvieron involucradas las entidades del empresario Sarmiento Angulo.
El ministro de Transporte, William Camargo, precisamente confirmó esta semana que se estudiarán los contratos que tiene Corficolombiana con el Estado y revisar si estos pueden llegar a un final adelantado, teniendo en cuenta estas sanciones y que la Nación no se vea envuelta en futuras demandas.
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"Tal cual como lo solicitó el presidente, hemos entrado a revisar los contratos que tiene la Nación con Corficolombiana, que en su mayoría son de transporte, por lo que es importante que se evalué el estado de estos para evitar sanciones futuras en las que podamos caer", afirmó el ministro.
El Gobierno Nacional cree necesario que empresas como Corficolombiana no contraten con la Nación, un riego que ya encendió las alarmas de Sarmiento Angulo, quien estuvo detrás del acuerdo con la Justicia Norteamericana.
