Ocupan bienes por más de $9.000 millones a red de tráfico de drogas

Los bienes quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración.
Búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá
Búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Crédito: Colprensa

La Fiscalía General de la Nación con apoyo del CTI y el Ejército Nacional, embargó seis bienes que están avaluados en más de 9.700 millones de pesos a los presuntos integrantes de una red de tráfico de drogas, que son requeridos en extradición por Estados Unidos tras enviar estupefacientes a ese país.

Se trata de cuatro inmuebles urbanos, uno rural y una sociedad ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Santander, que según información de la Fiscalía estaban a nombre de Javier Ignacio Pazmiño Sánchez, Pedro José Remolina Rodríguez y Luz Dary Heredia Ortiz.

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“Pazmiño Sánchez se encargaba de recibir importantes cantidades de dólares proveniente de los Estados Unidos, que estarían relacionados con el tráfico de estupefacientes”, explicó la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra.

De acuerdo con las investigaciones, las sumas de dinero ilegal adquiridas por estas personas eran supuestamente usadas para comprar equipos audiovisuales que eran vendidos a través de una empresa fachada, cuyo nombre no se reveló por protección de la investigación.

La fiscal aseguró que esa empresa se usaba para “dar apariencia de legalidad al dinero que luego era entregado a los capos, propietarios de los cargamentos de las sustancias ilícitas”.

Cabe mencionar que Javier Pazmiño Sánchez es solicitado en extradición para que comparezca por el delito de lavado de dinero junto con Pedro José Remolina Rodríguez, quien es señalado de ser la persona que proveía los estupefacientes a Luz Dary Heredia Ortiz, quien se encargaría de comercializarlos en Estados Unidos.

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Según los antecedentes de Pazmiño, en el 2012 la Corte Suprema de Justicia dio un concepto favorable a su extradición por una petición relacionada con el delito de lavado de activos.


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