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En el marco de la audiencia que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgo, investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, aseguró que el procesado utilizó una estrategia judicial con el objetivo de evitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Según explicó la fiscal, las manifestaciones realizadas por Petro ante la justicia no tenían como finalidad avanzar en un principio de oportunidad ni en un preacuerdo con la Fiscalía, sino demostrar que no representaba un riesgo constitucional para la comunidad, ni de reiteración delictiva ni de obstrucción a la justicia.
“El objetivo era evitar una medida privativa de la libertad. Una vez decidido que no habría medida de aseguramiento, Petro dejó de colaborar voluntariamente”, afirmó Laborde Betancourt durante la diligencia.
La fiscal indicó que estas declaraciones fueron rendidas en el marco de las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, realizadas ante el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía, esta estrategia defensiva tuvo los efectos esperados, ya que fue determinante para que no se solicitara una medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro.
Sin embargo, una vez la judicatura resolvió no imponerle detención preventiva, el procesado decidió desistir de continuar colaborando con el esclarecimiento de los hechos.
Laborde Betancourt enfatizó que, al no existir un principio de oportunidad ni un preacuerdo formalizado, la Fiscalía no tenía herramientas legales para obligar al acusado a seguir entregando información.
En ese sentido, recalcó que la colaboración de Petro respondió exclusivamente a su interés de evitar ir a prisión.
