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El pasado 7 de diciembre, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato por 3.177 millones de pesos a la firma Corporación para la Recreación Popular para brindarle atención inmediata, durante seis meses, a los miembros de grupos armados ilegales que se desmovilicen o se sometan a la justicia y a los familiares que los acompañen.
Pero en La FM establecimos que fue problemática esta adjudicación, por las acusaciones entre algunos de los proponentes, y que el pasado 16 de diciembre la directora administrativa del Ministerio, Sara Sandovnik, compulsó copias a la Fiscalía y a la Oficina de Control Interno del Ministerio para que investigue si hubo o no adulteración o tergiversación de algunos documentos presentados por uno de los interesados en este proceso de selección abreviada.
De acuerdo a la empresa Royal Park, una de las tres interesadas en este contrato, la Unión Temporal Integrales 2020, que tampoco ganó el proceso, presentó documentos adulterados como el diploma y el acta de grado de una de las profesionales que hacían parte de su propuesta y por esta razón, denunciaron, debía revocarse toda la adjudicación pues advirtieron que esa supuesta falsificación incidió en que se les calificara erróneamente a ellos.
La supuesta falsificación guardaba relación con el componente de cuidado infantil que incluye este contrato y con la presentación de un supuesto diploma falso de una profesional que no cumplía con las competencias requeridas.
La Unión Temporal señalada de fraude advirtió que la profesional ha reiterado que su título sí existe y que no entiende por qué su centro educativo niega el título que le otorgó. La denuncia sobre la supuesta falsificación, que no alteró el curso del contrato, fue remitida a la Contraloría, Procuraduría, Secretaría para la Transparencia de la Presidencia, Fiscalía, y otras instancias.
