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Un informe de la Unidad Nacional de Víctimas conocido por RCN Radio, reveló que el Gobierno ha destinado más de 7 mil millones de pesos para la reparación económica de las víctimas de la masacre de Bojayá, a cerca de 900 personas ubicadas o que hicieron su declaración ante las autoridades en ese municipio.
De acuerdo con el Gobierno, el proceso de reparación colectiva se encuentra en un 40% de avance en su primer año de implementación y con una inversión de más de 370 millones de pesos, sumado a jornadas desarrolladas en el plan y la indemnización.
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El informe reveló que “Dentro de las acciones contempladas en el plan de reparación colectiva de Bojayá, se han implementado actividades que buscan promover en la comunidad la recuperación del río Atrato, las prácticas culturales mortuorias “los alabaos” y actos de conmemoración”.
De la misma forma, se conoció que “también se han realizado dotaciones de mobiliario y elementos tecnológicos para la Casa de los Estudiantes y el Comité 2 de Mayo. Así mismo se dotó el laboratorio de Química del colegio departamental, con el apoyo y gestión de la OIM”.
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La Unidad Nacional de Víctimas manifestó que desarrolló una misión de acompañamiento a los familiares de las personas afectadas en los trámites de exhumación de cadáveres con atención psicosocial.
Condena al Estado por la masacre de Bojayá
El Tribunal Administrativo de Chocó condenó al Estado colombiano por el desplazamiento ocurrido en Bojayá (Chocó), después del 2 de mayo de 2002, cuando 74 personas fueron víctimas de una masacre perpetrada por las Farc.
Cabe mencionar que el hecho se registró durante un enfrentamiento del 'bloque Elmer Cárdenas’ de las autodefensas y el ‘Bloque José María Córdoba’ de las Farc, luego que uno de los cilindros-bomba lanzados por la guerrilla impactó en el templo del pueblo donde estaban refugiados los lugareños. Durante los hechos también fueron destruidos la escuela y el centro de salud de esa población.
De acuerdo con ese tribunal, el Estado es responsable en la medida en que no protegió a la población civil. "Para la Sala se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual del Estado de los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002 en el medio Atrato, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas, generado por la omisión de las entidades demandadas en dispensarle seguridad y protección a los habitantes, y en tanto no reaccionaron positiva y activamente frente a los avisos de posibles desplazamientos, saqueos y muertes", reseña la sentencia.
Cabe anotar que por este mismo hecho, el 4 de marzo de 2010, el juzgado primero Penal del Circuito de Quibdó, condenó a 12 guerrilleros de las Farc a 36 años y seis meses de prisión, por la masacre de las 74 personas en el municipio en mención.
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La decisión del Tribunal con ponencia de la magistrada Norma Moreno Mosquera, fue resultado de una demanda interpuesta en agosto de 2002 por habitantes de Bojayá, quienes argumentaron falta de protección estatal. Con la decisión, el Estado fue condenado a indemnizar con 312.564 millones de pesos a 1.195 personas que resultaron desplazadas. "Sin duda, la ausencia estatal facilitó la presencia de dichos grupos en esa región y la materialización de los actos", agrega el documento.
