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Antes de la vacancia judicial de 2025, que terminó el 13 de enero de 2026, la poderosa Sección Quinta del Consejo de Estado selló el rumbo de quince demandas que pretenden poner en vilo la elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional.
El futuro de las acciones de nulidad es clave de cara al análisis de la emergencia económica que el presidente Gustavo Petro decretó. El ex defensor del pueblo revisará el Decreto 1474 de 2025 y le presentará una ponencia a la Sala Plena, que podría tumbar el acto administrativo.
Ya el Consejo admitió todas las demandas, que comenzaron a llegar a los despachos en septiembre, cuando Camargo se impuso en el Senado con 62 votos frente a los 41 de la candidata que el gobierno de Petro impulsó, María Patricia Balanta, magistrada en el Tribunal Superior de Buga.
Las nulidades no solo cuestionan la jornada del 3 de septiembre en el Congreso, sino todo el proceso con el que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral llegó al tribunal más importante de Colombia, y van desde un aparente clientelismo en la justicia y en el Legislativo hasta la falta de paridad.
En la Corte Constitucional había cuatro mujeres y cinco hombres hasta que Diana Fajardo y Cristina Pardo terminaron su periodo. A Fajardo la sucedió una mujer, Lina Escobar, pero a Pardo la reemplazó Héctor Carvajal, abogado de Petro y del expresidente Álvaro Uribe en el pasado.
A José Fernando Reyes lo reemplazó Camargo, así que la paridad se volvió un alegato recurrente. El cordobés se estrenó en la Corte con un impedimento negado en la discusión de la reforma pensional, y cerró el 2025 con un desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Dejusticia, miembros de la Universidad de Antioquia, el Instituto para una Sociedad y un Derecho Alternativos, el Colectivo José Alvear Restrepo y Jacarandas presentaron una nulidad de 107 páginas y 162 anexos que incluyen fotos, contratos y certificaciones, buscando sacar a Camargo.
"Carlos Camargo fue defensor del pueblo entre el año 2020 y 2024, periodo durante el cual nombró y contrató a familiares cercanos de varios magistrados de la Corte Suprema", asegura la demanda, en el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil.
Señalamientos por clientelismo y retroceso en equidad de género
La elección "consolidó no solo una situación de conflicto de interés, sino el retroceso en equidad de género en la Corte Constitucional, pues se perdió la paridad que había sido alcanzada pocos años antes" con la magistrada Paola Meneses.
En total, diez magistrados y once senadores habrían sido beneficiados por designaciones y contrataciones del exdefensor Camargo. En la lista, que se repite en la decena de acciones judiciales, aparece el expresidente de la Corte Gerson Chaverra.
Un primo de Chaverra se desempeña desde 2022 en la Defensoría como profesional administrativo y de gestión, de grado 19, en provisionalidad. El chocoano se declaró impedido para ternar a Camargo, pero nueve magistrados votaron en contra.
Octavio Tejeiro, presidente el año pasado de la Suprema, también se declaró impedido. Sus dos hijos, que tienen una firma que ahora trabaja con el jurista, celebraron contratos para asesorar legalmente a la Defensoría en la administración de Camargo. Siete magistrados rechazaron la manifestación.
Los nombramientos y la posterior postulación generaron "un claro conflicto de intereses que tenía el potencial de sembrar irregularidades". La Corte Suprema "incumplió con su obligación de salvaguardar condiciones de igualdad y moralidad", critican Dejusticia y las demás organizaciones.
El más reciente de los expedientes arrancó el 4 de diciembre. El estudiante de Derecho Samuel Ortiz —que demandó la personería jurídica de Dignidad Liberal— y Sandra Mancipe —que demandó las alocuciones del presidente Petro— radicaron una nulidad de 191 páginas.
Once días después, el magistrado Pedro Vanegas la rechazó por caducidad, o sea, por estar fuera del tiempo permitido. Ortiz y Mancipe elevaron un recurso de súplica que, como La FM conoció en primicia, el 13 de enero arribó al despacho del presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez.
Así que las quince carpetas contra la elección de Carlos Camargo siguen vivas. El 23 de octubre el magistrado Álvarez recibió la decimocuarta demanda. El reparto de la Sección Quinta le asignó una nulidad de Wilson Arias, senador por el Pacto Histórico.
Por qué las demandas contra Camargo siguen en juego
El también candidato a reelegirse con la coalición oficialista insistió en que Camargo "nombró y contrató" a familiares de la magistrada Myriam Ávila y los magistrados Diego Corredor, Fernando León, Omar Mejía y Gerson Chaverra, de la Suprema, quienes luego lo ternaron.
La semana anterior a la vacancia judicial, el magistrado Álvarez tomó una decisión clave más en otra de las nulidades. Con un auto de tres páginas, al que La FM tuvo acceso, le dio a la Corte Suprema quince días para pronunciarse sobre la acción que interpuso el abogado Harold Sua Montaña.
El plazo empezó a correr este martes, 13 de enero, cuando las altas cortes retomaron su actividad tras las vacaciones colectivas. La Suprema podrá intervenir "si a bien lo tiene". El abogado de Carlos Camargo será Bernardo Carvajal Sánchez, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Sua —un viejo conocido de las cortes por iniciar procesos que resultan infundados— afirma, en un texto de 147 páginas, que la elección de Camargo violentó "la integridad moral" de María Patricia Balanta, "producto de expresiones descalificantes contra ella tendientes a restringir su elegibilidad".
Tres días antes de la notificación del Consejo a la Corte Suprema, la magistrada Gloria Gómez, que tiene en su poder la primera demanda contra Camargo —de parte del representante Eduard Sarmiento, del Pacto Histórico— emitió otro auto para encaminar los procesos.
El documento, que esta emisora examinó en primicia, se basa en un informe de la Sección Quinta para ordenar que los quince expedientes se mantengan en la secretaría "mientras llega la oportunidad procesal para decidir sobre la acumulación de los procesos".
Las normas y los precedentes de las cortes abren la posibilidad de una acumulación cuando las demandas tienen argumentos tan similares que no ameritan más de una sentencia. Si la Quinta determina agrupar las nulidades, solo un fallo definirá el porvenir de Camargo como togado.
Mientras tanto, el ya no tan nuevo magistrado prevé fallar sobre la emergencia económica en marzo. La Corte Constitucional, aunque debe revisar automáticamente el decreto gubernamental, ha recibido una avalancha de demandas que incluso piden una suspensión provisional.
