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La Fiscalía General de la Nación reportó que en más de 5.000 millones de pesos están valoradas las propiedades que fueron afectadas con medidas de embargo y secuestro, pertenecientes al senador Mario Alberto Castaño Pérez.
El legislador fue capturado cuando salía del Congreso, por supuestamente liderar una red de corrupción en contratación.
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Estas labores judiciales que son simultáneas a la investigación penal adelantada por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, están siendo coordinadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrito a la delegada para las Finanzas Criminales.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, estas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, afecta un total de 21 inmuebles urbanos, siete vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio, que pertenecen al senador Mario Alberto Castaño Pérez.
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En los operativos ejecutados por parte de agentes especiales del CTI fueron ocupados los 31 bienes en diligencias realizadas en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia).
Según el reporte de los peritos técnicos de la Fiscalía, en las verificaciones realizadas se logró establecer que algunas de estas propiedades estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista capturado.
Este proceso de extinción de dominio se originó de una compulsa de copias realizada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura del senador Castaño Pérez "por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos y entidades del orden nacional".
En la investigación liderada por la Fiscalía que inició en marzo de este año por parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quedó al descubierto un entramado criminal y se logró la judicialización de diez personas señaladas de interceder indebidamente en cerca de 50 procesos de contratación que superaron los 43.000 millones de pesos.
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La Fiscalía puso a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) los millonarios embargados para su respectiva administración y custodia.
