Corrupción en UNGRD: Procuraduría respalda a Fiscalía y pide casa por cárcel para exministros Bonilla y Velasco

La Fiscalía señaló que los exministros supuestamente ordenaron el direccionamiento de contratos y convenios de Invias y la UNGRD por más de 612 mil millones de pesos.
Exministro Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla ante audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá
Exministro Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla ante audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá Crédito: Ilustración La FM | Colprensa | Captura de pantalla de audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá

La Procuraduría General respaldó la petición de la Fiscalía General y solicitó al Tribunal Superior de Bogotá imponer una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco sindicados de presuntamente liderar una organización criminal que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

El procurador delegado, Mario Gómez, señaló que ese organismo coincide con la Fiscalía en el sentido de que la casa por cárcel para estos dos exministros de Hacienda y del Interior es necesaria y pertinente para garantizar en que se blinde el proceso penal contra estos dos exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Así mismo, destacó las pruebas aportadas por parte de la Fiscalía en el sentido de que los exministros impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invias a cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.

Para sustentar la necesidad de imponerles esta medida de aseguramiento, el procurador delegado destacó la relación de pruebas presentadas por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, entre ellas los testimonios de Olmedo López y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

"La Fiscalía señaló la existencia de una empresa criminal entre mayo del 2023 y febrero del 2024 al interior del Gobierno, cuyo propósito, según el ente acusador, era direccionar en favor de los parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y del Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos en envías y cinco proyectos en la unidad de gestión del riesgo, que en total sumarían una cifra superior a los 600 mil millones de pesos. Se concretaron, según la Fiscalía, siete de esos proyectos", indicó el procurador delegado.

¿Cómo se dió la orden de apoyar la reforma pensional?

De acuerdo con la Fiscalía se estableció que en junio de 2023 el exministro del Interior le ordenó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López apoyar la reforma pensional y para ese fin, debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el fin de entregar contratos a ciertos congresistas para seguir ampliando las mayorías en esa comisión.

“Pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno Nacional, esto es a la salud y a las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el sí de la reforma pensional”, dijo la fiscal.

Las declaraciones de Olmedo López

En interrogatorio de junio de 2024, Olmedo López relató ante la Fiscalía hechos ocurridos en el contexto de reuniones oficiales en las que participaron altos funcionarios como Carlos Ramón González y los entonces ministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

López Martínez resalta que durante la reunión “se les expuso la intención de comprar congresistas a cambio de contratos, a lo que él sugirió que en vez de contratosse utilizaran puestos públicos dada la disponibilidad de cargos aún ocupados por el Gobierno anterior, detallando cómo por instrucciones del ministro Velasco y su asesor Fernando Henao se elaboró un listado de congresistas del Pacto Histórico que no habían votado en una convocatoria reciente”.

Según Olmedo López la orden era cerrarles las puertas en la UNGRD, lo que implicaba no atender sus peticiones, negarles citas y suspender cualquier avance en proyectos de sus comunidades, como ocurrió con una solicitud del senador Paulino Riascos e indicó que la contraorden era atender con contratos aquellos congresistas con quienes se había negociado previamente, suministrando sus nombres para gestionar los beneficios.


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