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La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar en contumacia (rebeldía) al exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto por inasistencia reiterada a la audiencia de imputación en su contra como presunto implicado en el escándalo de corrupción por la millonaria contratación lograda con la firma norteamericana Vertol Systems Company en torno a las fallas y retrasos en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
De acuerdo con las investigaciones este entramado de corrupción, entre septiembre y diciembre de 2024, llevó al direccionamiento de manera irregular de un contrato por aproximadamente 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de esta flota de helicópteros rusos.
Las reiteradas negativas y excusas para comparecer a la Fiscalía
A través de esta figura de la contumacia la Fiscalía solicitó a una juez de control de garantías que le permita continuar el proceso sin la presencia del indiciado Suárez Soto, en atención a que pese a haber sido notificado, sin causa justificada, no ha comparecido a varias diligencias convocadas por este organismo.
El fiscal precisó que el 12 de diciembre de 2025 fue citado a responder en interrogatorio y a una diligencia de arraigo, pero en su oportunidad no asistió argumentando que no le era posible debido a compromisos previamente adquiridos.
No obstante, según la Fiscalía tampoco facilitó una fecha para reprogramar la diligencia prevista en su contra.
Por el contrario, Suárez Soto remitió después una solicitud para que el fiscal delegado se declarara incompetente alegando que su caso debía ser de conocimiento de un fiscal adscrito ante la Corte Suprema de Justicia ya que gozaba de fuero especial, porque alcanzó a ser en su momento ministro de defensa encargado.
Por su parte, el fiscal delegado ratificó su competencia argumentando que los hechos están relacionadas con sus funciones como viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación y no como máximo jefe de esa cartera.
Tras haber sido requerido para comparecer a la Fiscalia el 24 de febrero de 2026 la sorpresa que se llevaron los investigadores es que Suárez Soto se había sometido a una procedimiento quirúrgico de cambio de cadera y por ello, tampoco podía comparecer a la diligencia.
Ante este escenario, fue necesario hacer una búsqueda selectiva en base de datos para acceder a la historia clínica y aclarar el procedimiento médico al que se sometió un día previo a la diligencia a la que había sido citado ante la Fiscalía.
Los investigadores también pidieron al Instituto de Medicina Legal determinar si conforme al procedimiento quirúrgico al que se sometió el exviceministro tenía algún impedimento para asistir a una audiencia virtual de imputación prevista para el 8 de abril pasado.
Medicina Legal fue clara en señalar que de acuerdo a la información en la historia clínica se le practicó un cirugía por artrosis de cadera grado tres, pero registraba una evolución satisfactoria que no le impedía asistir a la diligencia de imputación en su contra.
Inspección judicial a a la Universidad Militar
La Fiscalía ordenó adelantar una inspección judicial a la Universidad Militar Nueva Granada ante información que advertía que en la actualidad el ex viceministros aparecía en los registros bajo la calidad de contratista del Estado.
Tras dicha diligencia se obtuvieron los correspondientes soportes de pagos de un contrato suscritoentre Suárez Soto y la Universidad Militar Nueva Granada, desde el 30 de enero de 2026 hasta el mes de octubre de este año, consistente en prestar asesoría como especialista para temas de economía, seguridad, defensa y productividad por un valor que ascendió a los 63 millones 630 mil pesos.
“Con base en estas pruebas se establece que si bien el exviceministro estaba incapacitado, no lo lo estaba para unas cosas e índoles labores, pero sí para comparecer a la justicia”, cuestionó el fiscal delegado.
Otros implicados en este escándalo de corrupción
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción aseguró que son contundentes las pruebas técnicas, documentales y testimoniales recolectadas por agentes de policía judicial para imputarle cargos al exviceministro y otros altos funcionarios y contratistas.
Por estos hechos también se tiene previsto imputarle cargos al exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.
Ante los hechos investigados la Fiscalía le imputará cargos por los delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
Los informes y alertas de la Contraloría General
En el marco de esta investigación se han llevado a cabo diferentes diligencias judiciales de allanamiento y registro ordenadas por una Fiscalía adscrita a la Dirección Nacional contra la Corrupción.
El expediente se origina de una alerta realizada el 6 de octubre de 2025 por la propia Contraloría General sobre un posible detrimento patrimonial.
El informe de la Contraloría General estaba dirigida a que el contrato, cuyo anticipo inicial fue de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total, tenía como objetivo garantizar la operatividad de la flota de helicópteros Mi-17, fundamentales para ejecutar misiones de transporte de tropas, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.
De acuerdo con este organismo de control dicho contrato presentaba un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registraba en su momento un avance físico del 8%, mientras que ya se había desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato que ascendía a los 32.4 millones de dólares.
Con base en las denuncias esta situación evidenciaba una desproporción critica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que ponía en riesgo la adecuada culminación del objeto del millonario contrato.
