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La Fiscalía General de la Nación anunció nuevas imputaciones de cargos contra dos altos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y dos contratistas por estar presuntamente implicados en el escándalo de corrupción por la millonaria contratación lograda con la firma norteamericana Vertol Systems Company en torno a las fallas y retrasos en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
Esta decisión afecta al exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.
De acuerdo con las investigaciones este entramado de corrupción, entre septiembre y diciembre de 2024, llevó al direccionamiento de manera irregular de un contrato por aproximadamente 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de esta flota de helicópteros rusos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción aseguró que son contundentes las pruebas técnicas, documentales y testimoniales recolectadas por agentes de policía judicial.
Ante los hechos investigados se les imputará cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
La solicitud de audiencia para imputación de cargos fue realizada ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao que tendrá que definir la correspondiente fecha para cumplir con esta diligencia judicial y el despacho en Bogotá que coordinará el proceso.
Los informes y alertas de la Contraloría General
En el marco de esta investigación se han llevado a cabo diferentes diligencias judiciales de allanamiento y registro ordenadas por una Fiscalía adscrita a la Dirección Nacional contra la Corrupción.
El expediente se origina de una alerta realizada el 6 de octubre de 2025 por la propia Contraloría General sobre un posible detrimento patrimonial.
El informe de la Contraloría General estaba dirigida a que el contrato, cuyo anticipo inicial fue de 16,2 millones de dólares, equivalente al 50 % del valor total, tenía como objetivo garantizar la operatividad de la flota de helicópteros Mi-17, fundamentales para ejecutar misiones de transporte de tropas, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso.
De acuerdo con este organismo de control dicho contrato presentaba un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registraba en su momento un avance físico del 8%, mientras que ya se había desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato que ascendía a los 32.4 millones de dólares.
Con base en las denuncias esta situación evidenciaba una desproporción critica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que ponía en riesgo la adecuada culminación del objeto del millonario contrato.
