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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el patrimonio público de la Nación no sufrió afectaciones tras el incumplimiento del contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17. Según el jefe de la cartera, el Estado no solo recuperó el dinero comprometido, sino que ya recibió 6,49 millones de dólares adicionales por concepto de sanciones.
El origen del contrato y las restricciones internacionales
El acuerdo, suscrito el 31 de diciembre de 2024 con la firma estadounidense Vertol Company Systems, tenía como objetivo la recuperación de seis helicópteros MI-17. Estas aeronaves son vitales para las operaciones militares y de transporte en el país.
El soporte técnico de esta flota se vio afectado desde 2022 debido a las restricciones impuestas a empresas rusas incluidas en la lista OFAC, lo que obligó al Gobierno a buscar alternativas de mantenimiento con empresas de otros países.
Recuperación de recursos y ejecución de pólizas
El ministro detalló que el proceso administrativo permitió blindar los recursos públicos frente al incumplimiento de la firma contratista:
- Anticipo recuperado: De los 16,23 millones de dólares entregados inicialmente, se logró el reintegro total de los fondos que estaban en riesgo.
- Ejecución de garantías: La aseguradora Berkley International Seguros Colombia consignó al Tesoro Nacional 20,07 millones de dólares.
- Multas: Este monto permitió cubrir la totalidad del dinero público comprometido y parte de la multa impuesta, la cual asciende a 8,95 millones de dólares. Actualmente, resta un saldo de 2,46 millones de dólares que se encuentra en trámite de cobro.
Acciones legales y supervisión
Aunque tres helicópteros fueron puestos nuevamente en servicio durante la vigencia del acuerdo, en agosto de 2025 la supervisión técnica detectó irregularidades en la entrega de documentación y otras obligaciones contractuales. Ante esto, el Ministerio de Defensa inició el proceso sancionatorio y se constituyó como víctima en el proceso.
Toda la información ha sido remitida a la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias pertinentes, garantizando la transparencia en la gestión de estos recursos estratégicos.
