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El escándalo por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que enfrenta desde 2015 a familiares del fallecido exsenador Gabriel Acosta Bendeck, ha afectado a la Rama Judicial no sólo por el presunto soborno que el senador Eduardo Pulgar le ofreció al juez de Usiacurí, sino por las investigaciones que cursan contra dos magistrados por supuestos actos de corrupción en este caso.
Tanto el presunto soborno ofrecido por el senador Pulgar, como las investigaciones contra los magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla, Demóstenes Camargo y Jorge Mola Capera, tienen en común que se pretendían actuaciones judiciales a favor de uno de los bandos en este pleito: el del cónsul honorario en Polonia, Luis Fernando Acosta Osio.
En La FM indagamos sobre otras corporaciones judiciales que hayan adoptado decisiones en beneficio del grupo del cónsul y encontramos que en la Corte Constitucional el magistrado Alberto Rojas, que hoy preside el tribunal, insistió en agosto de 2019 para que seleccionaran una tutela de este grupo. Pero esta tutela no fue admitida por la Corte.
La tutela de los Acosta Osio en la Corte
La tutela presentada por el cónsul Acosta Osio, por su hermano Juan José, actual rector de la Universidad Metropolitana; por su primo Alberto Acosta Pérez y por María Cecilia Acosta Moreno, pretendía que se cayera la audiencia de formulación de imputación en su contra, celebrada en octubre de 2017, debido a que consideraron que no se había resuelto una recusación contra el juez del caso.
La Corte Suprema de Justicia ya había denegado con duros argumentos la tutela que el grupo del cónsul presentó para tumbar la formulación de la imputación pero al magistrado Alberto Rojas le pareció de relevancia constitucional que la Corte revisara esta decisión, en la que la familia del cónsul Acosta Osio invocaba sus derechos al "debido proceso" y a la "defensa".
Finalmente la tutela no fue seleccionada por la Corte Constitucional y con ello quedó momentáneamente en firme la imputación que había realizado el fiscal 56 de Barranquilla contra el grupo del cónsul por falsedad en documento privado, fraude procesal, concierto para delinquir, por la supuesta manipulación de actas que hicieron en 2016 para quedarse con el manejo de la Fundación Acosta Bendeck, que controla a la Universidad Metropolitana.
Los abogados de la contraparte en el pleito, es decir, de Ivone Acosta y Carlos Jaller, quienes denunciaron la manipulación de las actas, han señalado que este episodio del magistrado Alberto Rojas genera suspicacia teniendo en cuenta que en su despacho trabajó por mucho tiempo el abogado Hugo Escobar, hijo de José Alfredo Escobar, uno de los abogados del cónsul.
¿Qué dice el magistrado Alberto Rojas?
El magistrado Rojas advirtió que su único criterio para insistir en que se seleccionara la tutela del cónsul, y de su grupo, estuvo relacionado con la relevancia jurídica del mismo. Advirtió que esa familia radicó una petición dirigida a varios magistrados de la Corte Constitucional.
¿Por qué se disputan el control de la Universidad Metropolitana?
En Barranquilla desde 2016 ha sido protagonista este caso judicial por el manejo de la Universidad Metropolitana a través de la Fundación Acosta Bendeck. El caso enfrenta a facciones de una misma familia tras la muerte en 2014 de su fundador, el exsenador Gabriel Acosta Bendeck, quien construyó todo el emporio junto a su esposa Sofía Acero.
Entre los enfrentados por el control del emporio que construyó Acosta Bendeck y su esposa, están, en un bando, la única hija de la pareja, Ivone Acosta y su esposo Carlos Jaller; y en el otro bando están un medio hermano de Ivone y unos primos, que es el bando del señor Luis Fernando Acosta Osio, cónsul honorario de la República de Colombia.
Acosta y Jaller denunciaron a sus primos Acosta Osio porque en 2016 suscribieron unas actas, que presumen ilegales, y con las que le quitaron a ellos el control de la Fundación Acosa Bendeck y de la Universidad.
