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Para la Corte Suprema de Justicia existen pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir que Luis Alfredo Ramos pactó una alianza político electoral con los grupos paramilitares que delinquían en el departamento de Antioquia entre los años de 2001 y 2007.
De esta alianza resultó favorecido para llegar al Senado de la República y posteriormente a la Gobernación de Antioquia. Las campañas de Ramos, advierte la Corte, contaron con la financiación directa de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil –los dos máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, Mauricio Arroyave, comandante del Bloque Centauros, así como con el apoyo del narcotraficante Juan Carlos Sierra, conocido con ‘El Tuso’.
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Como contraprestación por su apoyo, Ramos se comprometió a colaborar con su proyecto político desde su cargo, y tomar todas las acciones necesarias para blindar su expansión por el territorio antioqueño. Así como la regulación de la expedición de la ley de Justicia y Paz para que favoreciera a los paramilitares que habían anunciado su desmovilización.
Este pacto quedó sellado en una reunión celebrada en el año 2005 en el municipio de Bello y en la cual participaron Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’, Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’ y los dirigentes políticos Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda y Manuel Ramiro Velásquez.
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Pese a su posición dentro de la sociedad, formación académica y a su experiencia profesional, Ramos aceptó este pacto y se comprometió a colaborar con este grupo armado ilegal que tanto daño le había generado al país por sus actuaciones violentas contra la población civil.
“Como Senador tenía el deber legal de proteger a los habitantes de los grupos armados ilegales y no terminar consintiendo las reglas de los violentos, deslegitimando su independencia y autonomía”, precisa uno de los apartes del fallo de 177 páginas en el que se advierte que Ramos incurrió en el delito de concierto para delinquir con finalidad de promover grupos armados ilegales.
Con su actuar, precisa la Sala, deslegitimó al Estado ante la comunidad, puesto que prefirió apoyar a un grupo armado ilegal que brindarles seguridad a las personas a las que juró que iba a proteger. “Facilitó la comisión de los más graves crímenes de la región”.
“La intensidad del dolo con el que actuó igualmente es máxima en razón a que habiendo desempeñado lo más altos cargos de la Nación, no tuvo reparo en aliarse con grupos armados ilegales, consciente de los inmensos prejuicios que causaba a los derechos de los asociados, y que con ello traicionaba la confianza que le venían depositando para que los representara en cargos de elección popular a nivel regional y nacional”, señala la decisión.
Con esa alianza criminal, Ramos no solo afectó la institucionalidad, sino que también vulneró las “condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad, la seguridad pública, al concertarse con grupos al margen de la ley para promoverlos, particularmente ofreciendo poner a su servicio disfunciones públicas”.
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Debido a esto se advierte que actuó con dolo puesto que sabía de la gravedad de su conducta y pese a esto firmó esos pactos y avaló el proyecto paramilitar en la región, lo que puso en grave riesgo a las instituciones y a la ciudadanía en general.
“Es incontrovertible que siendo un ciudadano de tanta influencia en los asuntos locales, regionales y nacionales, accediera a aliarse con varios comandantes de los Bloques de las autodefensas, promocionando su actividad criminal y siendo complaciente con sus actos, lo que de suyo comportó un indiscutible racionamiento de ‘legitimidad’ del ‘estado de facto’ paramilitar y configuró el envío distorsionado mensaje al resto de la colectividad”, precisa el fallo.
La Sala consideró que no deja de ser reprochable el hecho que siendo abogado de profesión y conociendo por su experiencia política el actuar de los paramilitares no realizara las respectivas denuncias ante las autoridades reconocidas, sino que prefiriese apoyar este proyecto a todas luces ilegal y criminal.
Por estos hechos Luis Alfredo Ramos fue sentenciado a 95 meses de prisión y el pago de una multa de 7.749 salarios mínimos Igualmente tampoco podrá ejercer cargos o funciones públicas.
El exgobernador quedará en libertad hasta que el fallo no quede en firme en segunda instancia.
