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La Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de prisión al exgobernador del departamento del Cesar, Lucas Gnecco, por corrupción en contratos que afectaron los recursos para la educación en el departamento.
Los hechos sucedieron entre los años 1998 y 2000 cuando Gnecco estaba a cargo de la Gobernación y expidió varios decretos que modificaron las aprobaciones del presupuesto de rentas y gastos del departamento, para la vigencia fiscal de 1999.
Según la acusación, esos dineros estaban destinados al gasto de funcionamiento del sector docente. En total fueron 11 contratos que no cumplían con los requisitos de ley y que Gnecco no vigiló.
La investigación contra el exfuncionario inició en el 2012 y fue vinculado formalmente al caso en diciembre de ese año, tras una indagatoria. Fue imputado por la Fiscalía por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos de ley.
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Durante el juicio, la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta las declaraciones de testigos y revisión de documentos que demostraron la culpabilidad y responsabilidad del exmandatario.
Uno de los testigos aseguró que se creó una empresa fachada,, a través de la cual se suscribieron tres contratos para el suministro de materiales de oficina para el Fondo Educativo Departamental.
Ese mismo testigo señaló al entonces secretario de Hacienda, William Saade, como la persona que “tenía montada una verdadera empresa paralela”, que funcionaba en su casa en donde “ejercitaban los contratos. Las entregas se realizaban en el almacén del Fondo Educativo Departamental a altas horas de la madrugada en camiones provenientes de Bogotá y Medellín”.
Otro testigo dijo que el contrato para el mantenimiento del colegio Dagoberto Fuentes Zuleta nunca se ejecutó.
En la acusación, la Fiscalía dijo que el entonces gobernador “estaba obligado a vigilar la función delegada. Los manejos presupuestales adelantados directamente por él, para facilitar la probación ilícita de los recursos permitía concluir que prestó su consentimiento a tales situaciones”.
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Más adelante, la Fiscalía aseguró que “aquí pudo mediar negligencia del acusado en la gestión de los contratos cuestionados, al incumplir con sus deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento de la función”.
Para la Corte Suprema de Justicia fue claro que el entonces gobernador incurrió en el delito señalado por la Fiscalía.
“Estas maniobras presupuestales no tenían objeto distinto a la legalización de contratos celebrados sin contar con la debida disponibilidad, a través de múltiples operaciones de crédito y contra-credito que facilitaron la adición de recursos en los rubros afectados”, destaca uno de los apartes del fallo.
La Corte Suprema advirtió que esas actuaciones constituyeron “una verdadera maraña de actos administrativos emitidos para ocultar las ilegalidades operacionales presupuestales y que impidió la determinación exacta de las partidas comprometidas”.
