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El Tribunal Administrativo de San Andrés condenó a la Nación, representada en el Mnisterio de Defensa, la Armada y la Policía Nacional, al pago de una millonaria indemnización por los hechos que rodearon la masacre de 33 personas en El Salado en Carmén de Bolívar, registrada entre los días 16 y 22 de febrero del 2000.
En el fallo se determinó que las autoridades no protegieron a los pobladores pese al riesgo que existía de una intervención paramilitar en la región. En este sentido, se señala que existió una clara violación a los derechos humanos de estos habitantes.
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Reseña que las personas fueron retenidas, golpeadas, amenazadas, torturadas, sometidas a un trato degradante y posteriormente asesinadas por paramilitares de los Bloques Norte y Héroes de Montes de María.
Los archivos históricos y los testigos revelan que tras acusarlos de ser auxiliadores de las Farc, los paramilitares tocaban instrumentos musicales mientras decapitaban a un grupo de hombres.
La sevicia de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estuvo dirigida a causar el mayor dolor físico y mental para las víctimas y familiares quienes fueron reunidas en la cancha central del pueblo para "ser testigos" de ese acto de crueldad.
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Para el Tribunal está comprobado que ninguno de los pobladores tenía un vínculo directo o indirecto con la guerrilla de las Farc. También se desestimó que fueran colaboradores de esta estructura.
Considera que los pobladores se encontraban en un estado de indefensión. Pese a sus obligaciones constitucionales para proteger a la población civil, las autoridades les brindaron protección y apoyo a los paramilitares para su incursión y salida de la zona.
En el fallo se le ordena a las entidades demandadas publicar la sentencia completa en sus páginas web haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos. Además, deberán adelantar un curso de DIH para que estos hechos no ocurran nunca más.
Igualmente, se le pide al Centro Nacional de Memoria Histórica realizar un documental en el que se revele la verdad sobre lo que ocurrió en dicha masacre. El Estado deberá instalar una placa conmemorativa y una obra artística para que nunca se olvide lo que ocurrió en esa región.
