La FM en Google News
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó al representante a la Cámara Wadith Manzur. La Sijín de la Policía Nacional, por su parte, detuvo a la representante Karen Manrique. Ambos tendrán que cumplir una medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Especial de Instrucción ordenó la detención preventiva de ambos en medio del entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El 11 de marzo, luego de tres sesiones extraordinarias, la mayoría de la Sala optó por acusarles por cohecho impropio.
Manzur se entregó en el búnker de la Fiscalía, la principal sede del ente acusador, en Bogotá. Su defensa, el abogado Luis Carlos Torregroza, lo acompaña en las instalaciones y lee la decisión de la Corte para planear los recursos de ley que interpondrá. En primer lugar, cabe una reposición, que resolverían los mismos magistrados que les encerraron, y en segundo, una apelación que le correspondería a la Sala Especial de Primera Instancia.
Karen Manrique se entregó a la Policía en Tame, Arauca, el municipio en el que hizo campaña para su reelección en la curul de paz. Había acudido a la estación la noche del miércoles, pero la Corte, en principio, aún no expedía formalmente la orden de captura, ni el Inpec lanzaba la boleta de encarcelamiento.
Una vez la secretaría de la Sala de Instrucción notificó de la orden, la Sijín de la Policía y el CTI empezaron a coordinar con el alto tribunal los trámites pertinentes para la privación de la libertad. Los funcionarios leyeron los derechos de Manzur y Manrique e hicieron efectivas las detenciones.
Manzur acudió al búnker de la Fiscalía en Bogotá, la principal sede del ente acusador, para quedar a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Fue junto a su abogado, el penalista Luis Carlos Torregrosa, quien en el pasado fue defensor de Bernardo ‘el Ñoño’ Elías.
La Sala Especial de Instrucción, luego de tres sesiones extraordinarias entre pugnas internas, llamó a juicio a cinco congresistas y un excongresista que habrían torcido contratos de la UNGRD a cambio de votar a favor del gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Además de Manzur y Manrique, fueron acusados Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, además de Liliana Bitar. Todos eran parte de la Comisión.
La acusación de la Corte Suprema contra cinco congresistas por el caso UNGRD
Gallo es un senador liberal; Bitar, una senadora conservadora; Peinado, un representante liberal, y Muñoz, un exrepresentante de la Alianza Verde que renunció en febrero de 2024, diez meses después de que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por irregularidades de contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 2016.
La Corte Suprema cerró la etapa probatoria del caso contra Manrique, Manzur, Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz en noviembre del año pasado. Desde entonces, el paso siguiente era el llamado a juicio y una eventual medida de aseguramiento. Una votación de tres votos a favor y tres en contra el 5 de marzo estancó todo.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar, reseñó la Corte en un comunicado oficial este miércoles.
Los encuentros, que la Sala documentó, habrían servido para definir “los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”. El alto tribunal asegura haber recaudado “amplio material” para “concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”.
La Comisión Interparlamentaria tiene, por norma, tres senadores y tres representantes que hacen parte de las comisiones económicas. El escándalo de la UNGRD paralizó su funcionamiento, principalmente cuando renunciaron Wadith Manzur, cordobés y del Partido Conservador, y Karen Manrique, de la Circunscripción de Paz de Arauca.
Karen Manrique está en líos porque el exdirector de la UNGRD Olmedo López, en declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, aseveró haberse reunido varias veces con ella en 2023 para revisar los avances de tres contratos que sumaban unos 92.000 millones de pesos. Los convenios, al parecer, debían entregarse a dedo.
Una libreta clave y horas de testimonios
Manrique, en su momento, reaccionó en su cuenta de X. “Olmedo López miente”, escribió. Una jueza avaló en agosto de 2025 el principio de oportunidad del exfuncionario. “Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía” lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, añadió la congresista.
López afirmó haberse reunido en su oficina con Manrique y que ella escribió en la libreta personal de él cuáles eran los contratos que necesitaba desviar y a qué congresistas debían dirigirse: Manzur, Bitar, Gallo, Peinado y Muñoz. Los convenios se destinarían en Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar, y Arauca.
Al final, ninguno de los contratos se adjudicó o se ejecutó. Olmedo López terminó renunciando a la UNGRD por haber liderado el desfalco de la entidad tras el contrato para suministrar agua potable a La Guajira con cuarenta carrotanques, y, como piezas de dominó, las confesiones a cuentagotas fueron tumbando a más funcionarios.
María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio y presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio de 2025.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Entre los salpicados por la exasesora está, precisamente, Wadith Manzur. Benavides presentó decenas de chats en los que el cordobés le insiste en que la cartera de Crédito Público defina ciertos proyectos para que la Comisión comprometiera sus votos.
Los tentáculos del caso UNGRD
Horas antes de que empezara la sesión del 4 de marzo de la Sala de Instrucción, la representante Manrique publicó un video en sus redes. Con nerviosismo, decía que estaba en Tame haciendo campaña y que quería responder al “alto impacto que han generado los rumores” y “las noticias” sobre el debate en la Corte.
“También le hice llegar un documento a la honorable Corte Suprema de Justicia porque desconocemos los procesos”, manifestó Manrique, con un discurso al menos contradictorio con, por ejemplo, las actuaciones de su defensa. Hace dos semanas, su abogado Andrés Garzón Roa pidió remover al procurador del caso.
De hecho, tanto Manrique como Manzur, Bitar, los congresistas y el excongresista Muñoz saben del proceso penal de la UNGRD al menos desde noviembre de 2024, cuando la Sala de Instrucción abrió una investigación formal en su contra y les citó a indagatoria. La Corte aseguró entonces contar con cincuenta pruebas documentales y diez testimoniales.
En julio de 2025 la Sala de Instrucción decidió no detener a Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Juan Muñoz. El magistrado Misael Rodríguez había presentado una ponencia para enviarles a la cárcel, pero la mayoría de la Sala no la apoyó. La segunda, de cierto modo, fue la vencida para el togado.
La investigación constató, desde la etapa preliminar, que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda pidió en el año. “A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostuvo la Corte.
En agosto de 2025, el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del gobierno de Petro —como Carlos Ramón González y Luis Fernando Velasco— por presuntamente ofrecer contratos a cambio de votos para créditos estatales.
Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, liberal, son las figuras más prominentes del escándalo a las que la justicia ha alcanzado. Los expresidentes del Senado y la Cámara siguen presos, y la Sala de Primera Instancia rechazó una nulidad de Calle y admitió varias pruebas en su contra. El juicio, como el de la Comisión de Crédito, sigue firme.
