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Un día después de que el oficialista Pacto Histórico obtuviese más de 4,4 millones de votos en las elecciones al Senado, el candidato con el puesto veintidós en la lista cerrada tuvo que acudir a la Corte Suprema de Justicia a responder.
Se trata de David Ricardo Racero Mayorca, actual representante a la Cámara y aspirante al Senado. El magistrado César Reyes, expresidente de la Sala Especial de Instrucción del Alto tribunal, lo citó a una indagatoria este lunes en la mañana.
“No quiero politizar, en ningún escenario, la investigación que hubo en el Consejo de Estado y mucho menos en la Corte”, afirmó antes de entrar a la diligencia, junto a su abogado, el penalista Marlon Díaz. “Nos hemos prestado para rendir cuentas”, añadió.
La Corte Suprema avanza de manera paralela al Consejo de Estado, que el 18 de febrero negó un proceso de pérdida de investidura contra el congresista. La Sala de Instrucción abrió una investigación por presunta concusión en agosto de 2025.
Tanto el proceso penal como el electoral —que agrupó tres demandas contra Racero— se basan en las revelaciones de septiembre de 2024 en la revista Cambio, que publicó que el representante le pidió “apoyo” a Leonardo García, integrante de su unidad de trabajo legislativo (UTL), para revisar las cuentas de un supermercado que el legislador manejaba junto a su familia entre 2020 y 2021.
Los chats que no sirvieron en el Consejo de Estado
La investidura tuvo como pruebas capturas de pantalla y transcripciones de audios de varios medios de comunicación que revelaron las conversaciones entre Racero y García. El tribunal administrativo, sin embargo, les restó valor, porque no contaba con equipos técnicos que pudiesen verificar su veracidad.
El Consejo citó en diciembre a una audiencia virtual para confrontar a los demandantes con el parlamentario gobiernista y su defensa. La Procuraduría intervino para pedirle a la Sala 12 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura que conserve el cargo del bogotano.
"La presentación de capturas de pantalla, impresiones o textos transcritos carece de valor probatorio técnico por sí sola, dado que este tipo de evidencias puede ser fácilmente manipulado o editado sin dejar trazabilidad forense verificable", dijo el Ministerio Público. La Sala estuvo de acuerdo con el argumento.
El procurador del caso afirmó que su postura se basa en "la valoración probatoria", porque es un tema fundamentalmente de carácter probatorio". El magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez encabezó la diligencia, que no se extendió por más de una hora, y registró su proyecto de fallo el 28 de enero, mes y medio antes de la indagatoria en la Corte Suprema.
La sentencia definitiva, de 46 páginas, insiste en que no fue posible obtener un concepto técnico “concluyente o válido” sobre los pantallazos sin el celular original donde está la información, sin una extracción forense con herramientas especializadas o sin datos sobre la cadena de custodia o el origen del material.
“Para la verdad, el tiempo”
David Racero acusó a los demandantes y a la prensa de "suplantar en la esfera pública el dictamen de los honorables magistrados". "Las argumentaciones de la demanda fueron absolutamente insuficientes", sostuvo en diciembre.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría abrió en septiembre de 2024 una indagación contra Racero por presuntamente pedirle plata a miembros de su UTL y, además, por impartir órdenes para que Leonardo García “se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras”.
Ocho meses después, el Ministerio Público abrió otra indagación contra Racero, quien habría acordado con el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, quiénes debían ocupar algunos cargos en el Servicio Nacional y quiénes debían salir de ellos.
“Esperemos que todo se dé a conocer de manera oportuna”, expresó el representante este lunes, y añadió: “Para la verdad, el tiempo”. La etapa preliminar de la causa penal en su contra recopiló elementos materiales probatorios por siete meses.
Después de la indagatoria, César Reyes y la Sala de Instrucción deben definir la situación jurídica de David Racero, con una acusación y una posible medida de aseguramiento. Por lo pronto, está a la espera de que los escrutinios lo certifiquen como congresista reelecto para el período de 2026 a 2030.
La “duda razonable” que la Corte Suprema quiere derribar
“Es especialmente relevante advertir que” las capturas de pantalla “por sí solas no tienen la suficiente entidad jurídico procesal” para dar por acreditada la configuración o estructuración de la causal de desinvestidura”. Es decir, no sirven —al menos no en el Consejo de Estado— para comprobar que el representante movió de forma ilegítima plata del Estado.
Además, aunque las solicitudes también incluían la hoja de vida de Leonardo García y ratificaban su rol como conductor y funcionario en labores logísticas, los elementos “no tienen la entidad ni la potencialidad de acreditar” que el congresista le ordenó “atender negocios particulares” en noviembre de 2020 y enero de 2021.
En contraste con el principal tribunal contencioso administrativo, la corporación instructora penal cuenta con más posibilidades de ampliar el potencial probatorio de los chats o de cualquier otro elemento recabado hasta ahora, gracias al CTI o la Policía Judicial. El avance del proceso penal tendrá un punto final en los próximos meses.
La conclusión del Consejo de Estado es que el expediente no derrumbó la presunción de inocencia de Racero encima de “toda duda razonable”, “por la sencilla pero suficiente razón de que no se demostró que el congresista demandado ordenara, solicitara o pidiera al servidor público (...) que atendiera negocios particulares”.
En total, cinco magistrados firmaron el rechazo de la investidura, incluyendo al expresidente del Consejo de Estado en 2025, Luis Alberto Álvarez Parra. El consejero Juan Enrique Bedoya aclaró su voto. Contra la sentencia puede interponerse un recurso de apelación. El representante Racero celebró en su cuenta de X.
