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El Consejo Superior de la Judicatura abrió dos convocatorias públicas para siete cargos en dos organismos de la Corte Suprema de Justicia: la Sala Especial de Instrucción, que investiga penalmente a congresistas, y la Sala Especial de Primera Instancia.
Las salas nacieron con una reforma constitucional de 2018 para cumplir el principio de doble instancia y de doble conformidad, que dicen que todo procesado tiene derecho a apelar su condena. Las decisiones contra aforados antes eran de única instancia.
Tiempo después de la norma, se posesionaron ante el expresidente Iván Duque los primeros integrantes. La Sala de Instrucción tiene cinco magistrados, una sola magistrada, riñas internas y un período que terminará este 2026.
En mayo de 2019 aún faltaban quince meses para que la Corte Suprema ordenara detener al expresidente Álvaro Uribe. La Sala de Instrucción, que funcionaba desde octubre de 2018, investigaba al exmandatario por manipulación de testigos.
Unánimemente, la Sala aprobó una recusación del senador Iván Cepeda, en ese momento víctima en el proceso, y apartó a la magistrada Cristina Lombana de la investigación, que encabezaba el magistrado César Reyes Medina.
Desde entonces, la efigie de Lombana ha representado las más duras animosidades entre quienes procesan a legisladores. Actualmente, la justicia ordinaria absolvió al expresidente Uribe, Reyes investiga otros casos y Lombana es centro de discordias.
Las tensiones dentro de la Sala de Instrucción
La Sala de Instrucción es diversa. Hay juristas como Marco Antonio Rueda, que gustan de la discreción; unos que tuvieron que alejarse de sus labores para defenderse de sus propios líos —Francisco Farfán—, y otros que, entre señalamientos y disputas, no salen de lo mediático: Reyes y Lombana.
En 2024 Misael Rodríguez fue presidente del paraninfo. La Corte Suprema se jactó por el hito de que en sus cinco salas —sin contar la Plena o la de gobierno— todas las vicepresidentas eran mujeres. Cristina Lombana era vicepresidenta en la Sala de Instrucción.
La tradición en las altas cortes es que quien ocupa la vicepresidencia un año va a la presidencia el siguiente. Hilda González se convirtió en 2025 en presidenta de la Sala Civil; Clara López, de la Laboral; Myriam Ávila, de la Penal, y Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia.
Pero la Sala de Instrucción no escogió a Cristina Lombana. Reeligió a César Reyes, presidente en 2023. Héctor Alarcón presidió en 2019 y 2020; Rodríguez lo hizo en 2021 y 2024; Marco Rueda, en 2022; Reyes, en 2023 y 2025, y Farfán, en 2026. Lombana no ha alcanzado la alta dignidad.
Y no la conseguirá. Aunque la magistrada Blanca Nélida Barreto logró incluso la reelección como presidenta de Primera Instancia en 2026, es la única magistrada en su sala, como también lo es Cristina Lombana en Instrucción.
La Judicatura pretende superar la disparidad. El 8 de marzo la presidenta del Consejo Superior, Mary Lucero Novoa, abrió dos convocatorias: una para reemplazar a los magistrados Ariel Torres y Jorge Caldas en la Sala de Primera Instancia, y otra, para suceder a toda la magistratura de Instrucción, salvo a Misael Rodríguez.
La apuesta por listas de mujeres en la Rama Judicial
Entre el 9 y el 20 de marzo estarán abiertas las postulaciones. Del 27 de marzo al 9 de abril el Consejo publicará en su página web los nombres de las personas inscritas para los puestos de Torres y Caldas, y del 7 al 13 de abril, los posibles cambios de la Sala de Instrucción.
Cada convocatoria tendrá ocho etapas, terminando con la conformación de las listas de elegibles a partir del 11 de junio y del 26 de agosto. En cada fase, “el Consejo Superior de la Judicatura hará listas exclusivas de mujeres y listas mixtas, con el propósito de garantizar la paridad de género”, dice la comunicación oficial.
La Defensoría del Pueblo celebró la decisión de construir listas de solo mujeres, una posibilidad que se contempla por primera vez en la historia de la rama judicial. El Ministerio Público la calificó como “un paso significativo hacia la garantía efectiva de la paridad de género en los más altos niveles de la administración de justicia”.
El organismo humanitario invitó a mujeres de todo el país a “participar masivamente” en las convocatorias. Aunque las mujeres representan el 56,68% de las personas empleadas en la rama, su presencia disminuye a medida que se asciende en la estructura del poder judicial.
Las mujeres, en ese sentido, forman el 49,62% de los jueces municipales, el 47,55% de los jueces del circuito, el 39,2% de los magistrados de tribunales y apenas el 28,05% de los magistrados de las altas cortes. La brecha “evidencia la persistencia de barreras estructurales”, explicó la Defensoría.
“En los próximos cinco años, el país enfrentará una coyuntura decisiva para la igualdad de género en la justicia”, sostuvo el ente de derechos humanos, porque se prevén al menos 38 elecciones judiciales. “Este proceso abre una oportunidad histórica para corregir el déficit de representación de las mujeres”, zanjó.
