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En una operación conjunta entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Gaula Militar, capturaron en Bucaramanga al juez especializado de extinción del derecho de dominio de Cúcuta, Juan Carlos Campo Fernández, quien es investigado por actos de corrupción.
El funcionario judicial habría solicitado al profesional del derecho y al propietario de los bienes afectados con medidas cautelares, la entrega de 600 millones de pesos para emitir una sentencia que ordenara el levantamiento de dichas acciones.
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Según la Fiscalía, el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado y una con un ciudadano contra quien se adelantaba un proceso de extinción del derecho de dominio.
Las investigaciones dan cuenta que el juez habría pactado el pago del 50 por ciento de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición y el saldo al emitir el fallo que los favorecería.
Además, se debía pagar un adelanto de 50 millones de pesos. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de su captura.
Sin embargo, Campo Fernández afirmó que, para poder emitir el fallo en favor del propietario de los predios en cuestión, necesitaba que el abogado radicara una nueva solicitud de control de legalidad sobre dichos activos.
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Por lo anterior, una fiscal de la dirección especializada contra la corrupción imputó a Juan Carlos Campo Fernández el delito de concusión, cargo que no fue aceptado por el procesado.
Y en una decisión controversial, para muchos expertos, el juez decidió que el implicado quedó privado de la libertad en su lugar de residencia.
