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Cuatro uniformados (un oficial y tres soldados profesionales) hicieron una solicitud para que su caso sea acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que la Fiscalía los acusara de montar un falso positivo, en el que fue víctima un hombre con discapacidad física.
Se trata del teniente Felipe Andrés Ramírez Gómez y los soldados James Horacio Garrica Muñoz, Luis Esper Charry Solano y Wilfredo Villamizar Bautista, quienes son señalados de crear una escena en la que, según la Fiscalía, tras asesinar a un hombre, lo hicieron pasar como guerrillero muerto en combate.
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Los hechos ocurrieron en Neiva, en la vereda Potreritos, zona rural del municipio de Íquira, en la noche del primero de febrero de 2008, cuando perdió la vida Juan Carlos Aguirre Macías.
Primera versión
En un principio los militares, pertenecientes a la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas número 11, de la Novena Brigada del Ejército, reportaron un combate en la fecha de los hechos y la baja de un supuesto guerrillero.
El teniente Ramírez Gómez, según reveló la Fiscalía, entregó un informe militar en el que indicó que a las 2:00 de la tarde del primero de febrero se adelantó un movimiento motorizado hacia Íquira para localizar a unos sujetos que realizaban cobro de extorsiones a cargo de la guerrilla.
En su versión, el uniformado aseguró que hacia las 7:50 de la noche hubo una motocicleta a la que le pidieron detenerse y que mientras frenaron “el parrillero se bajó abriendo fuego, mientras que el conductor, aprovechando la sorpresa del ataque, dio vuelta a la moto y emprendió la huida”.
En medio de estos supuestos hechos, el teniente aseguró que “el pasajero cae abatido”.
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De igual forma los militares aseguraron que al hombre muerto le fue hallada un arma corta calibre 38, que era guerrillero perteneciente a la cuadrilla 66 de las Farc y que pretendía realizar un atentado”.
Investigación
Tras los hechos y una investigación, la Fiscalía logró determinar que no existió el supuesto combate y vinculó a Ramírez Gómez, Garrica Muñoz, Charry Solano y Villamizar Bautista a un proceso en el que deberían responder por desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida agravado, por haber accionado “sus armas contra la humanidad de Aguirre Macías”.
Pues según detalles de la investigación, estos uniformados planearon simular un combate en el que debería haber baja de guerrilleros, por lo que decidieron enfocarse en Juan Carlos Aguirre Macías, un hombre conocido en la zona como comerciante de monturas de gafas, a quién asesinaron y posteriormente indocumentaron.
El ente acusador destaca que se lograron esclarecer los hechos gracias a la investigación en la que además contaron con testimonios de testigos, que ayudaron a atar cabos que terminaron vinculando a los uniformados.
Un hombre, quien fue identificado como amigo de Aguirre y de quien se logró comprobar que fue testigo presencial, contó a las autoridades que el día de los supuestos combates, el señor Juan Carlos Aguirre Macías se encontraba en horas de la mañana, sentado en el barrio Santa Inés, de Neiva, lugar a donde llegó un sujeto el cual describió como “un militar que vestía camuflado y botas. Todo su uniforme completo”.
Según el relato, el miliar abordó a Aguirre y se lo llevó del lugar “con engaños de un supuesto trabajo”.
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De igual forma el testigo contó que a este militar ya lo había visto varias veces por el sector y que había abordado en una anterior oportunidad a su amigo, a quien le habría propuesto “un negocio”.
Necropsia revela discapacidad
Pese al informe entregado por los uniformados, la versión fue desvirtuada tras conocerse los resultados de necropsia realizados al cuerpo de Juan Carlos Aguirre Macías.
Los expertos lograron comprobar que el fallecido presentaba una discapacidad que le impedía mover sus brazos y sus manos, razón por la que sería extraño y casi imposible que haya intentado agarrar un arma y, menos, lograr accionarla.
La discapacidad que determinó Medicina Legal fue corroborada por la Fiscalía al conocer que Aguirre Macías tenía serias lesiones en sus extremidades superiores debido a un ataque con machete, del que fue víctima en 1998.
Pruebas de balística también determinaron que el hombre no accionó ningún arma el día de los hechos y que, por su discapacidad, habría sido imposible hacerlo en cualquier momento.
Sobre estos detalles la Fiscalía espera que los militares respondan por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado en persona protegida.
Proceso detenido
Pese a los avances del ente investigador, el llamado a juicio fue detenido debido a que los uniformados elevaron una solicitud a la JEP para que sea acogido su caso, por ser considerado relacionado al conflicto armado.
Pese a que aún la JEP no ha dado respuesta, el juez del caso acogió la solicitud y decidió aplazar el llamado a juicio, mientras se pronuncia la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Cabe recordar que por estos hechos el Estado ya fue condenado tras ser hallado responsable de los daños morales y materiales que se le causaron a los familiares de la víctima.
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