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El magistrado Camilo Suárez, ponente de la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), explicó en entrevista con La FM los alcances de la primera sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC. El fallo, dijo, corresponde a un proceso judicial de siete años y medio que incluyó la participación de miles de víctimas.
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¿Qué significa la primera sentencia contra el secretariado de las FARC?
El magistrado destacó que la decisión es relevante porque es la primera vez que un modelo de justicia somete a la máxima estructura de las FARC. “Es histórico porque se investigó, juzgó y sancionó al secretariado”, afirmó. Explicó que la sentencia no cierra el caso de secuestro ni agota la verdad, ya que continúan en curso otros macrocasos sobre bloques y frentes guerrilleros.
Suárez indicó que el proceso involucró más de 4.300 víctimas directas y alrededor de 21.000 en total. Señaló que la centralidad de las víctimas fue un eje de todo el procedimiento: “Participaron en la sala, en la fase de juicio y en audiencias de verificación”. Además, recordó que la sentencia incluye exigencias de aportes de verdad permanentes.
El magistrado respondió a cuestionamientos sobre la concepción de justicia y señaló que el modelo de la JEP busca colocar en el centro a las víctimas. “Hay justicia cuando se visibiliza a las víctimas, cuando se restituye su buen nombre y se les reconoce como ciudadanos con derechos”, explicó. Enfatizó que el objetivo de este esquema es “juzgar el pasado para tener un mejor futuro”.
¿Cómo se aplican las sanciones y la participación en política?
En relación con las sanciones, Suárez precisó que se impuso la máxima pena de ocho años, acompañada de restricciones de derechos y libertades. “Durante ese tiempo estarán monitoreados y cumpliendo proyectos restaurativos en ámbitos urbanos y rurales”, señaló. Entre ellos se incluyen desminado, búsqueda de personas desaparecidas, infraestructura y proyectos de memoria.
Frente a las críticas por la duración del proceso, el magistrado explicó que no se investigan hechos individuales, sino macroimputaciones de crímenes internacionales, lo que exigió años de trabajo y resolución de recursos y nulidades. “Hemos agotado los procedimientos en los tiempos que nos dispuso la ley”, puntualizó.
Sobre la participación política de exjefes de las FARC, aclaró que el artículo 20 del acto legislativo establece que la imposición de la sentencia no genera inhabilidad ni incompatibilidad. “Lo que sí dejamos claro es que prima el cumplimiento de la sentencia sobre el ejercicio de la política”, afirmó. Indicó que existen reglas para evitar discursos que revictimicen y se privilegia la ejecución de sanciones sobre la actividad política.
En cuanto al trato a la Fuerza Pública, Suárez aseguró que es “simétrico y equilibrado”, en cumplimiento de la Constitución. Señaló que la JEP ha emitido imputaciones tanto contra guerrilleros como contra militares, y que no existe un tratamiento desigual.
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Finalmente, frente a los cuestionamientos sobre la eficacia del modelo, recordó que Colombia debe cumplir con los estándares internacionales de investigación, juzgamiento y sanción. “Este tipo de crímenes no fueron objeto de amnistía”, recalcó. Agregó que la Corte Penal Internacional y el sistema interamericano han respaldado hasta ahora la labor de la JEP.
“Las sentencias buscan transformar. Nosotros juzgamos el pasado para tener un mejor futuro”, concluyó el magistrado Suárez.
