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En la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, el conflicto armado sigue marcando la vida de las comunidades. Allí persisten enfrentamientos entre estructuras disidentes de las antiguas Farc y el ELN, en medio de una realidad que continúa afectando especialmente a los más jóvenes: el reclutamiento de menores de edad.
Durante un recorrido por la zona, este medio recogió testimonios de actores directamente vinculados con el fenómeno, así como de autoridades regionales que advierten sobre la dimensión social del problema y sus efectos a largo plazo.
“Hay menores de entre 16 y 18 años”
Andrey Avendaño, integrante del Frente 33 de las disidencias de las Farc, reconoció que actualmente hay menores de edad en esa estructura armada. “En la actualidad hay unos menores de edad”, afirmó al ser consultado sobre la presencia de adolescentes en el grupo.
Según explicó, se trata principalmente de jóvenes que tienen entre 16 y 18 años. “Estamos hablando de menores de edad en un promedio de 16 a 18 años”, señaló.
Avendaño sostuvo que, en algunos casos, han intentado facilitar la salida de jóvenes que desean abandonar la organización. “Hemos tratado en algunos momentos de desvincular algunos. Yo personalmente he hecho las entregas de algunos menores que han estado acá y que, de una u otra manera, han tomado la decisión de irse”, indicó.
De acuerdo con su versión, cuando esto ocurre se contacta a las familias o se entregan los menores a organismos de protección. “Hemos llamado a su familia y se les ha entregado. A otros menores se les ha entregado a la Defensoría del Pueblo, a la Mapp-OEA y a la ONU”, aseguró.
Sin embargo, el propio comandante guerrillero reconoció que el proceso de reintegración no siempre funciona. “Posteriormente no se ha hecho un plan integral de verdad para educar a esos jóvenes y terminan otra vez devolviéndose al territorio”, afirmó.
El riesgo de abandonar las filas
Salir de un grupo armado no necesariamente significa estar a salvo. En zonas donde hay disputa entre organizaciones ilegales, abandonar una estructura puede convertir a un joven en objetivo del grupo rival.
Avendaño advirtió sobre ese riesgo. “De nada sirve sacar un joven que esté en una organización guerrillera o en un grupo armado, pero que a los dos o tres días aparezca muerto”, dijo.
Según explicó, algunos menores llegan a las filas en medio de contextos familiares profundamente afectados por la violencia. “Hay menores de edad que, por ejemplo, sus padres en esta guerra fueron asesinados y no tienen otra forma, no tienen otro lugar donde estar”, afirmó.
En ese escenario, la desvinculación se vuelve compleja. “Tenemos que ser muy consecuentes con la realidad y decir que sí hay unos menores de edad en este momento en el Frente 33”, reconoció.
Familias que entregan a sus hijos
El consejero de Paz y Reconciliación de la Gobernación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, relató situaciones que reflejan la gravedad del fenómeno en la región. Según explicó, en algunos casos fueron los propios padres quienes llevaron a sus hijos a estructuras armadas con la idea de que fueran “disciplinados”.
“Nos hablaban de unos campos de mejoramiento juvenil o, para nosotros, campos de secuestro o reclusión”, explicó. De acuerdo con el funcionario, algunas familias entregaban a sus hijos a la guerrilla con la esperanza de que allí corrigieran conductas problemáticas.
“Los mismos padres de familia, al niño que se portaba mal o que estaba en consumo de drogas, se lo llevaban a las Farc para que allá lo rehabilitaran”, relató.
Las autoridades lograron recuperar a varios de esos menores, pero el proceso tampoco fue sencillo. “Nos entregaron 11. Para nosotros eran secuestrados. Los trajimos, hicimos un proceso de rehabilitación y entrega, pero seis de ellos se devolvieron”, explicó.
Una guerra que se hereda
El consejero de paz también advirtió sobre el impacto generacional del conflicto armado. Durante los desplazamientos masivos registrados en la región a comienzos de 2025, miles de niños quedaron expuestos a la violencia. “De las 85.000 personas desplazadas, casi 29.000 eran niños y menores de edad”, señaló.
Para Niño, el riesgo es que esos menores reproduzcan el ciclo de violencia que ya vivieron generaciones anteriores. “Hoy los comandantes de 29 y 30 años son los hijos de la guerra del 2000”, explicó. Y lanzó una advertencia sobre el futuro: “¿Cuándo vamos a ver los niños de la guerra del 25?”.
El funcionario describe este fenómeno como un ciclo que se repite. “Es lo que llamamos el ciclo de la historia del conflicto de la violencia. Estos niños que están siendo reclutados son los próximos que van a sustituir a los que están hoy”, afirmó.
Un compromiso aún en medio de la guerra
Avendaño aseguró que la organización es consciente de que el reclutamiento de menores constituye un delito. “Estamos tan conscientes que en el último ciclo de la mesa de diálogos asumimos públicamente el compromiso de empezar a implementar la política de no reclutamiento de menores de 18 años”, afirmó.
Según dijo, el grupo se comprometió a impedir el ingreso de nuevos menores. “Sí estamos comprometidos en que no entren”, aseguró. No obstante, señaló que entregar de inmediato a los jóvenes que ya están en la estructura no es una decisión sencilla en medio del conflicto armado. “Decirte que mañana vamos a entregar los que están acá sería una irresponsabilidad”, dijo.
En su opinión, los menores que abandonan la organización pueden quedar expuestos a represalias o a la utilización política de sus testimonios.“Sería entregarlos para que se conviertan en informantes, para que otro haga política con ellos o para que sencillamente otro los mate”, afirmó.
La situación refleja la complejidad de un fenómeno que sigue presente en varias regiones del país: jóvenes que crecen en medio de la guerra y que, ante la falta de oportunidades y la débil presencia del Estado, terminan vinculados a grupos armados ilegales.
