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El Gobierno del presidente Iván Duque respetará la determinación que adoptó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de permitir la apelación y segunda instancia para los casos de extradición.
La postura del Gobierno contrasta con las fuertes críticas que se conocieron por parte de sectores del uribismo. La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra cuestionó que se otorguen este tipo de beneficios a personas como Jesús Santrich.
Emilio Archila, consejero presidencial de Posconflicto, afirmó que sobre el tema de la segunda instancia de la JEP se deberá actuar conforme a lo estipulado por la ley.
“El gobierno es respetuoso de las instancias legales. Si se interpuso una tutela en ese sentido y la misma salió favorable, se deberá actuar conforme con la ley”, recalcó Archila.
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Sin embargo, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz acogió una tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación para que las decisiones de la sección y de extradición sean revisadas.
La tutela hacía referencia al caso de Pedro Luis Zuleta Noscué, un indígena en condición de discapacidad que es requerido en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
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"La Sección de Apelación le dio la razón al Ministerio Público y declaró que la Sección de Revisión no es el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, en el trámite de la garantía de no extradición, y sus decisiones podrán ser revisadas en segunda instancia”, señaló el Ministerio Público.
Entre los argumentos de la Procuraduría para solicitar la segunda instancia se encontraba la protección al debido proceso y el derecho a la doble instancia, “lo que obligaba a acudir a la tutela para conseguir el amparo ante el agotamiento de las vías ordinarias que permitieran proteger las garantías constitucionales”.
