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El gobierno del expresidente Iván Duque continúa perdiendo pulsos jurídicos en la Corte Constitucional. Los primeros en relación a las crisis que se mantienen sobre el hacinamiento carcelario y la de salud de la comunidad wayúu en La Guajira.
También las negativas a la reforma a la ley de garantías y la cadena perpetua, y ahora en relación con la seguridad de los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz.
En enero, la Corte declaró la crisis de seguridad, al concluir que el Gobierno no ha protegido los derechos a la vida, la integridad personas y el derecho a la paz de los excombatientes que firmaron el acuerdo.
Se emitieron once órdenes y la Corte dio dos meses de plazo para impulsar acciones que garanticen el sistema integral de seguridad a las excombatientes, pero el Gobierno lo que hizo fue apelar ese fallo y perdió.
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La apelación se presentó sin siquiera ser notificados de la sentencia por el secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y por el jefe de la oficina jurídica de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) al considerar que la Corte no había a analizado de fondo las pruebas y había “desconocimiento de la normatividad vigente”
“La decisión contiene conclusiones sin soporte probatorio y presunciones subjetivas que concluyen en el uso indebido de la figura del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), en abierto desconocimiento del derecho al debido proceso y de la seguridad jurídica de las entidades demandadas”, decían.
La Corte negó la petición y dijo que eran meras excusas por parte del gobierno de Duque “para expresar el desacuerdo de las autoridades solicitantes con la decisión adoptada por la Sala Plena”.
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“Lo que buscó el Gobierno Nacional, al presentar este cargo, fue mantenerse en el propósito por desconocer el papel que el ordenamiento jurídico vigente le atribuyó a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz, lo que resulta por completo contrario a derecho”, se lee en el fallo.
El gobierno del hoy presidente Gustavo Petro deberá darle cumplimiento al fallo de la Corte, que también le dio cuatro meses a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reevaluar el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integral el partido Comunes.
Para la Corte, se debe reevaluar los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y si se estima necesario contratar nuevos escoltas para suplir las necesidades de protección de los excombatientes.
La Corte ordenó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo vigilar el cumplimiento de la sentencia y entregar un informe actualizado a la Fiscalía y a la Unidad de investigación y Acusación de la JEP, sobre las alertas tempranas, respecto al riesgo de los exguerrilleros y miembros del partido Comunes para que adelantes las investigaciones por esos hechos.
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