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La Procuraduría General de la Nación levantó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, y de Wilmar Mejía, un funcionario clave de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El Ministerio Público emitió un auto de cinco páginas que, tras una sesión ordinaria de la Sala Disciplinaria de Instrucción el 27 de febrero, señaló que no es procedente continuar con la medida cautelar en contra de los procesados.
De todos modos, seguirán vinculados al caso que arrancó el 23 de noviembre de 2025. La Procuraduría examinó aquel domingo las revelaciones de Noticias Caracol que salpican a Huertas y Mejía, y al día siguiente abrió una indagación.
La razón principal para que no sigan suspendidos es, paradójicamente, la misma por la que el Ministerio Público en su momento los apartó de sus cargos: como funcionarios públicos, podrían desviar el proceso disciplinario en su contra.
Como ya no son funcionarios, pues la DNI y el Ejército los hicieron a un lado, no influyen en el recaudo de evidencias. Pero “corresponde (...) continuar con la labor probatoria” para decidir si Huertas y Mejía resultan sancionados, señala el auto.
La Sala de Instrucción les notificó la determinación al sector defensa y a la Dirección de Inteligencia, que le envió una solicitud a la Procuraduría para precisar el alcance de la suspensión y, eventualmente, reintegrar a Mejía.
Antecedentes, medida cautelar y riesgos para el proceso
“Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”, expresó la DNI en un comunicado oficial con fecha del primero de marzo.
En enero la Procuraduría había ratificado la suspensión del 27 de noviembre, cuando sacó a Huertas y Mejía de sus puestos, cerró la etapa de indagación previa y le dio paso a una investigación disciplinaria propiamente en menos de una semana.
Los procesados podrían ser un peligro para el proceso disciplinario que el Ministerio Público adelanta, de acuerdo con el auto que en noviembre aprobó por unanimidad la Sala Disciplinaria de Instrucción y que el 23 de diciembre corroboró la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.
Huertas y Mejía “pueden representar un riesgo concreto para el desarrollo de las actividades investigativas que aquí nos interesan”, y, de seguir en el cargo, posiblemente obstaculizarían "la obtención de pruebas útiles a los fines de esta actuación".
El organismo dijo que la suspensión "satisface con suficiencia" la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad que la ley exige. Es decir, es apropiada, necesaria y, si no se tomara, podría afectarse "la garantía de una pronta y cumplida justicia".
Señalamientos por presuntos vínculos con disidencias
Huertas fue, presuntamente, un aliado clave para las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alias 'Calarcá', que preveían un fracaso en sus diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. Según las pruebas que la Fiscalía custodia desde 2024, el oficial les habría sugerido fundar una agencia fachada de seguridad para movilizar fácilmente armas y tropas.
El presidente Petro reintegró al general a la fuerza pública en julio de 2025 para encabezar el Comando de Personal, el área castrense encargada de autorizar los movimientos y los nombramientos de uniformados, como un departamento de talento humano.
Wilmar Mejía, un licenciado en Educación Física, fue designado por el jefe de Estado como representante en el consejo superior de la Universidad de Antioquia, mientras aparentemente se convirtió en un hombre poderoso del Ejecutivo en el diálogo con las disidencias sin estar autorizado para ello.
Ni Mejía —que sigue en la universidad— ni Huertas estuvieron avalados por la oficina del Comisionado de Paz, que tendrá que informarle puntualmente a la Procuraduría si "han sido designados negociadores o interlocutores con las llamadas disidencias de las Farc".
De acuerdo con Noticias Caracol, que reveló parte del expediente en la Fiscalía, 'Calarcá' y otros cabecillas se referían a Mejía como 'el Chulo' y compartían información constantemente. El exdirector de la DNI Jorge Lemus, quien renunció en medio del escándalo, ha afirmado que presume la inocencia del indagado.
Pruebas, declaraciones y el camino a un eventual juicio
"Los servidores públicos habrían filtrado información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contra esos grupos en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar", sostuvo la Sala de Instrucción en el auto sobre la suspensión.
El Ministerio Público les reprocha al alto oficial y al licenciado haber mantenido "vínculos indebidos con grupos armados al margen de la ley", a los que les habrían prestado "apoyo para su actuar armado" mientras, al tiempo, les habrían entregado "información relevante sobre actuaciones del Estado y sus fuerzas militares".
La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría ha revisado fuentes abiertas para conocer los antecedentes de los investigados. La Sala de Instrucción, por su parte, le solicitó a la DNI precisar los requisitos para el cargo de director de Inteligencia, el que ocupaba Wilmar Mejía.
Diego Molano, exministro de Defensa del expresidente Iván Duque, y Daniel Palacios, exministro del Interior de la misma administración y hoy precandidato presidencial, declararon bajo juramento sobre "la existencia de información de inteligencia nacional o extranjera sobre nexos" del general Juan Huertas con grupos ilegales.
El paso siguiente contra el militar y el exdirectivo será un pliego de cargos, un llamado a juicio. Preliminarmente, la Procuraduría cree que su falta podría calificarse como "gravísima", pues ambos "comprendían el alcance de los hechos". La Fiscalía adelanta una indagación penal, y el Ministerio de Defensa, un proceso interno.
"Sin que se entienda un prejuzgamiento frente a la responsabilidad de los disciplinables, se colige que existen serios elementos de juicio para considerar que podrían utilizar las potestades que sus empleos les conceden para intervenir en el desarrollo de este proceso", remarcó el ente de control.
