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El general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y el licenciado en Educación Física Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), podrían ser un peligro para el proceso disciplinario que la Procuraduría adelanta en su contra.
Así lo explicó el Ministerio Público en el auto de catorce páginas con el que apartó a los funcionarios de sus cargos por tres meses. La Procuraduría terminó la etapa de indagación previa y le dio paso a una investigación disciplinaria en menos de una semana después de iniciar todo el proceso.
La FM conoció la decisión, que la Sala Disciplinaria de Instrucción aprobó por unanimidad este jueves luego de una ponencia del delegado Esiquio Manuel Sánchez Herrera, quien le pidió al Ejército y a la DNI las certificaciones y trayectorias de los ahora investigados.
El ente de control argumentó que Huertas y Mejía: "Pueden representar un riesgo concreto para el desarrollo de las actividades investigativas que aquí nos interesan". Además, pueden obstaculizar "la obtención de pruebas útiles a los fines de esta actuación".
La suspensión, dice la Procuraduría, "satisface con suficiencia" la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad que la ley exige. Es decir, es apropiada, necesaria y, si no se tomara, podría afectarse "la garantía de una pronta y cumplida justicia".
Huertas fue, presuntamente, un aliado clave para las disidencias de 'Calarcá', que preveían un fracaso en sus diálogos con el Gobierno Nacional. Según las pruebas que la Fiscalía custodia hace más de un año, les habría sugerido a los ilegales fundar una agencia fachada de seguridad para movilizar armas y hombres fácilmente.
"Habrían filtrado información clasificada"
El presidente Gustavo Petro reintegró al general a la fuerza pública en julio de este año para encabezar el Comando de Personal, el área castrense encargada de autorizar los movimientos y los nombramientos de oficiales, como un departamento de talento humano.
Wilmar Mejía, un licenciado en Educación Física, fue designado por el jefe de Estado como representante en la Universidad de Antioquia, mientras que aparentemente se convirtió en un hombre poderoso del Gobierno en el diálogo con las disidencias sin estar autorizado para ello.
Ni Mejía ni Huertas estuvieron avalados por la oficina del Comisionado de Paz, que tendrá que informarle puntualmente a la Procuraduría si ambos "han sido designados negociadores o interlocutores con las llamadas disidencias de las Farc".
De acuerdo con Noticias Caracol, que reveló parte del expediente en la Fiscalía, 'Calarcá' y otros cabecillas se referían a Mejía como 'el Chulo' y compartían información constantemente. El director de la dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, ha afirmado que presume la inocencia del indagado.
"Los servidores públicos habrían filtrado información clasificada a las disidencias acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contra esos grupos en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar", sostuvo la Sala de Instrucción en el auto sobre la suspensión.
¿Qué sigue en el caso de Juan Huertas y Wilmar Mejía?
El Ministerio Público les reprocha al alto oficial y al licenciado haber mantenido "vínculos indebidos con grupos armados al margen de la ley", a los que les habrían prestado "apoyo para su actuar armado" mientras, al tiempo, les habrían entregado "información relevante sobre actuaciones del Estado y sus fuerzas militares".
Actualmente, tanto el Ejército como la Dirección de Inteligencia mantienen a Huertas y Mejía en sus puestos. De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó el 25 de noviembre que Huertas seguiría allí hasta "cuando se compruebe que ha sido culpable". La Procuraduría fue más drástica.
La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría revisará fuentes abiertas para conocer los antecedentes de los investigados. La Sala de Instrucción, por su parte, le solicitó a la DNI precisar los requisitos para el cargo de director de Inteligencia, el que ocupa Wilmar Mejía.
Diego Molano, exministro de Defensa del expresidente Iván Duque, y Daniel Palacios, exministro del Interior de la misma administración y hoy precandidato presidencial, declararán bajo juramento sobre "la existencia de información de inteligencia nacional o extranjera sobre nexos" del general Juan Huertas con grupos ilegales.
El paso siguiente contra el militar y el director será un pliego de cargos, que significará un llamado a juicio. Preliminarmente, la Procuraduría cree que su falta podría calificarse como "gravísima", pues ambos "comprendían el alcance de los hechos". La Fiscalía adelanta una indagación penal, y el Ministerio de Defensa, un proceso interno.
"Sin que se entienda un prejuzgamiento frente a la responsabilidad de los disciplinables, se colige que existen serios elementos de juicio para considerar que podrían utilizar las potestades que sus empleos les conceden para intervenir en el desarrollo de este proceso", remarcó el ente de control.
