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La frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en uno de los principales factores que explican la persistencia de la guerra en el Catatumbo. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe sobre la región, que señala que la zona fronteriza permite el tránsito constante de economías ilegales, fortaleciendo de manera significativa al ELN.
De acuerdo con el documento, la facilidad para cruzar de un lado a otro sin control estatal ha permitido a los grupos armados movilizar armas, drogas, insumos y combatientes, consolidando una estructura criminal con capacidad de resistencia y expansión territorial. Esta dinámica ha hecho que el ELN se posicione como el actor armado más fuerte e influyente en el Catatumbo.
Rutas ilegales y poder armado
El informe subraya que la ubicación estratégica del Catatumbo, sumada a su cercanía con Venezuela, convierte a la región en un corredor clave para el narcotráfico y otras economías ilícitas. Los pasos irregulares en la frontera facilitan el flujo de mercancías ilegales que sostienen financieramente a los grupos armados.
Esa ventaja geográfica ha sido aprovechada especialmente por el ELN, que mantiene presencia histórica en la zona y ha fortalecido su capacidad militar y logística. La Defensoría advierte que esta situación no solo prolonga el conflicto, sino que dificulta cualquier intento de estabilización territorial y construcción de paz.
Impacto directo sobre la población civil
La consolidación del ELN en el Catatumbo ha tenido consecuencias directas para la población civil. El informe documenta un aumento de desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y homicidios selectivos en medio de la disputa armada por el control del territorio.
Comunidades campesinas y líderes sociales continúan siendo las principales víctimas de estas dinámicas, enfrentando restricciones a la movilidad, extorsiones y presiones constantes por parte de los grupos armados. La Defensoría alerta que muchas familias viven atrapadas entre actores ilegales, sin garantías reales de protección por parte del Estado.
Débil control estatal en la frontera
Uno de los puntos más críticos del informe es la limitada capacidad del Estado para ejercer control efectivo en la frontera colombo-venezolana. La ausencia de presencia institucional sostenida ha permitido que los grupos armados operen con relativa libertad, aprovechando la falta de coordinación binacional y los vacíos de seguridad.
La Defensoría señala que, mientras no se fortalezcan los mecanismos de control fronterizo y se implementen estrategias integrales que combinen seguridad, inversión social y desarrollo rural, el conflicto seguirá reproduciéndose en el Catatumbo.
Paz lejana pese a los diálogos
Aunque el Gobierno Nacional ha impulsado diálogos con el ELN, el informe advierte que en el territorio la percepción de paz sigue siendo distante. Para las comunidades del Catatumbo, la continuidad de la violencia y el control armado demuestra que los avances en las mesas de negociación aún no se traducen en mejoras reales en sus condiciones de vida.
El documento resalta que la población mantiene la esperanza de una salida negociada al conflicto, pero insiste en que esta debe ir acompañada de acciones concretas que garanticen seguridad, derechos humanos y oportunidades económicas legales.
Un llamado urgente a una intervención integral
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Estado para que adopte medidas estructurales que aborden las causas del conflicto en el Catatumbo. Esto incluye un control efectivo de la frontera, el combate a las economías ilegales y una presencia institucional que vaya más allá de lo militar.
Mientras la frontera siga siendo un corredor para el crimen organizado, advierte el informe, el ELN continuará fortaleciéndose y la guerra seguirá marcando la vida de miles de familias que, desde hace años, esperan que la paz deje de ser una promesa y se convierta en una realidad.
