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Se cumple un año del inicio de la ofensiva armada del ELN contra las disidencias de las FARC en varios puntos de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que hasta el momento ha dejado cifras alarmantes en materia de desplazamiento, confinamiento y homicidios.
El pasado 16 de enero del año 2025, desde las primeras horas del día, en 12 puntos de los municipios de Tibú, El Tarra, Convención y Teorama, guerrilleros del ELN llegaban casa por casa buscando y ejecutando a familiares y excombatientes de las FARC, generando una de las crisis humanitarias más complejas de la historia en la región del Catatumbo.
Desplazamiento y confinamiento
Según el Puesto de Mando Unificado, 91.726 personas han salido desplazadas hacia los casos urbanos de los municipios de Tibú, Ocaña y Cúcuta. De las cuales, muchas de ellas, sin garantías de seguridad, tomaron la decisión de regresar a sus territorios, debido a las dificultades para acceder a una atención especial e integral.
De igual forma, en este momento 283 personas están confinadas en el municipio de El Tarra, por la continuidad de los combates en el sector de Filogringo, el cual es un corregimiento 'fantasma', donde las bombas y las balas tienen sometida a la población, próxima a la región de frontera con Venezuela.
Homicidios
Respecto a los homicidios, las autoridades han confirmado en el PMU que son por lo menos 166 personas asesinadas, de las cuales 147 son civiles. Sin embargo, líderes y defensores de derechos humanos han advertido que son por lo menos 600 los homicidios que se han presentado en la zona, teniendo en cuenta que no se han contabilizado en este informe las bajas entre grupos armados.
Los municipios de Tibú y El Tarra siguen siendo las zonas más afectadas por la continuidad de los combates y el control social que están ejerciendo estos actores armados.
La guerra continúa
El obispo del municipio de Tibú, monseñor Israel Bravo, confirmó en La FM que la continuidad de la guerra impide que las personas tengan una vida normal en el campo y que las que están desplazadas no puedan regresar a sus territorios.
"El ambiente es de tensión porque para nadie es un secreto que hay una guerra declarada a muerte y para nadie es un secreto que da mucho miedo esto. Las afectaciones de la guerra han sido fuertes en esta zona del departamento", expresó el representante de la iglesia católica.
Las comunidades, que han tomado la decisión de regresar e instalar un refugio humanitario en el sector de Bertrania, en la vía entre los municipios de Tibú y El Tarra, han manifestado la dificultad para permanecer en la zona. Teniendo en cuenta que están en uno de los puntos más neurálgicos de la guerra en el Catatumbo.
"En varias oportunidades hemos estado en medio de la guerra, de las balas que incluso han tocado el refugio en algunos momentos, pero acá nos mantenemos", afirmó Pablo Téllez, integrante de la comunidad desplazada en el Catatumbo.
Por su parte, el alcalde del municipio de El Tarra, Eider Robles Ortíz, lanza un S.O.S. al gobierno nacional para que se atienda la fuerte crisis humanitaria en la zona, donde los combates continúan.
Reclutamiento forzado
El fenómeno de reclutamiento forzado en la zona del Catatumbo es uno de los delitos que más se ha incrementado. Según la Defensoría del Pueblo, Norte de Santander es una de las zonas en el país donde mayores casos de reclutamiento forzado a menores de edad y jóvenes se han denunciado.
A pesar de que no hay un reporte o denuncias sobre este delito, defensores de derechos humanos y líderes sociales han mostrado su preocupación por la presión que ejercen grupos armados a decenas de familias, que deciden salir de la región antes que sus hijos sean reclutados.
Conmoción interior
A pesar de la declaratoria de emergencia económica y de conmoción interior en el Catatumbo, la Corte Constitucional tumbó uno a uno los decretos que se habían creado para atender las necesidades de la comunidad. Situación que afectó proyecciones en materia de inversión social, sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.
La Defensoría del Pueblo estará liderando una audiencia en el Catatumbo, a la espera de conocer los alcances de las acciones ejecutadas en territorio y donde instan al Gobierno Nacional a tomar decisiones contundentes para garantizar la seguridad de las comunidades en los territorios.
