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La región del Catatumbo completa un año sumida en una de las crisis humanitarias más graves de Colombia, producto de la persistente confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Así lo advierte el informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, que documenta cómo el conflicto sigue deteriorando las condiciones de vida de miles de habitantes en esta zona estratégica del nororiente del país
Informe Catatumbo persistencia
El documento señala que la disputa por el control territorial, las economías ilegales y las rutas del narcotráfico ha intensificado la violencia, afectando de manera directa a comunidades campesinas, indígenas y líderes sociales, quienes continúan siendo los más expuestos en medio del fuego cruzado.
Desplazamiento masivo y confinamiento forzado
Uno de los impactos más dramáticos de esta confrontación es el desplazamiento forzado. El informe evidencia que decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares durante el último año, huyendo de amenazas, combates y retaliaciones armadas. A este fenómeno se suma el confinamiento forzado, una práctica que impide a las comunidades enteras movilizarse, acceder a alimentos, atención médica o continuar con sus actividades productivas.
Según el análisis, muchas familias han quedado atrapadas entre actores armados que restringen la movilidad como mecanismo de control social, generando una crisis silenciosa que se agrava por la falta de respuestas estatales sostenidas.
Homicidios, amenazas y liderazgo social en riesgo
El informe también alerta sobre el aumento de homicidios selectivos y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios. Estas personas son señaladas por los grupos armados de colaborar con el enemigo o de oponerse a sus intereses, lo que las convierte en objetivos permanentes.
La violencia no solo busca el control territorial, sino también silenciar las voces que reclaman presencia del Estado, sustitución de economías ilegales y garantías para la vida digna, una situación que profundiza el miedo y debilita el tejido social en el Catatumbo.
Economías ilegales y control armado
Otro de los puntos críticos del documento emitido por el informe de la Defensoría del Pueblo es la persistencia de las economías ilegales como eje central del conflicto. El control de cultivos ilícitos, laboratorios, corredores estratégicos y cobros extorsivos sigue siendo una fuente de financiación clave para los grupos armados.
Este dominio económico se traduce en una presión constante sobre las comunidades, que son obligadas a pagar extorsiones, a colaborar de manera forzada o a abandonar sus tierras. El documento advierte que, sin una intervención integral del Estado, estas dinámicas continuarán alimentando el ciclo de violencia.
Débil presencia institucional y respuestas insuficientes
El informe cuestiona la limitada capacidad institucional para atender la crisis. Aunque se han anunciado planes y estrategias, las comunidades perciben que las acciones son fragmentadas y no responden a la magnitud del problema. La ausencia de inversión social, infraestructura, salud y educación sigue siendo una constante en varios municipios del Catatumbo.
Además, el documento señala que la militarización, sin un enfoque integral de derechos humanos y desarrollo, no ha logrado frenar la expansión de los grupos armados ni mejorar las condiciones de seguridad de la población civil.
Anhelos de paz en medio del conflicto
Pese a este panorama adverso, el informe resalta que las comunidades mantienen vivos sus anhelos de paz. Líderes sociales, organizaciones campesinas y procesos comunitarios siguen apostándole al diálogo, la defensa del territorio y la construcción de alternativas que permitan romper con la lógica de la guerra.
El Catatumbo, señala el documento, no solo es un escenario de confrontación, sino también de resistencia civil, donde la población insiste en soluciones estructurales basadas en justicia social, presencia estatal efectiva y cumplimiento de los acuerdos de paz
Un llamado urgente al Estado
A un año de esta crisis humanitaria, el informe hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para adoptar medidas integrales que prioricen la protección de la población civil, el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas que ataquen las causas estructurales del conflicto.
Mientras la guerra persiste en el Catatumbo, el informe de la Defensoría deja una pregunta sobre la mesa, ¿Cuánto deberá esperar esa región para que la paz deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para sus comunidades?.
