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La Fiscalía General y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelaron las líneas de acción que acordaron con el objetivo de evitar nuevos conflictos de competencias y poner punto final al llamado 'choque de trenes' entre ambas jurisdicciones.
En un comunicado conjunto anunciaron que se acordó un intercambio permanente de información y mecanismos de colaboración armónica entre las dos instituciones.
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La Fiscalía y la JEP definieron que "previo acuerdo, se podrán realizar reuniones conjuntas en las que participarán fiscales e investigadores, así como magistrados de la Jurisdicción, para analizar y facilitar la entrega de información requerida para los distintos casos".
De igual forma, se dejó en claro la competencia y los tiempos que tendrá tanto la Fiscalía como la JEP a la hora de conocer los respectivos procesos con el fin de evitar nuevos conflictos por esta materia.
En la misiva, se recordó que la JEP tendrá preferencia para conocer los casos sobre hechos cometidos en relación con el conflicto armado ocurridos antes del primero de diciembre de 2.016.
“Las investigaciones y labores judiciales que adelantará la Fiscalía General de la Nación no representan una pérdida de los beneficios adquiridos por las personas que se han acogido a la Jurisdicción Especial para La Paz”, indica el comunicado.
La Fiscalía General también ratificó su compromiso de entregar 17 informes descriptivos sobre procesos por hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, de los cuales ya ha entregado nueve relacionados con crímenes y otros delitos cometidos por parte de las antiguas Farc y agentes del Estado.
Asimismo, ambos organismos coincidieron en exhortar a los exintegrantes de las Farc para que perseveren en su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Igualmente, este llamado fue extendido a los responsables de implementar las políticas públicas necesarias para poner en marcha los proyectos productivos y las condiciones de reintegración de los desmovilizados, para que avancen con determinación en el cumplimiento de dichos compromisos.
Adicionalmente, se acordó que en los casos en que se presenten amenazas contra víctimas, testigos o comparecientes, la Fiscalía asumirá el conocimiento y la investigación inmediata de las mismas.
“Para tal efecto una unidad especial se encargará de la judicialización de estos hechos, así como de llevar a cabo, bajo procedimientos especializados, la investigación”, agrega el comunicado.
