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La Comisión de Paz del Congreso citó a una nueva reunión virtual en la que participaron voceros del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría, la ONU y otras entidades, para hablar de las amenazas y acciones violentas contra los excombatientes de las Farc y líderes sociales.
En su intervención, la vicefiscal Marta Mancera, entregó un balance sobre el reporte que han recibido sobre el asesinato de desmovilizados en todo el territorio nacional.
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“Son 24 casos en los que tenemos 19 que tienen que ver con homicidios y exactamente 5 que tienen que ver con tentativa de homicidio, y todos estos están abordados por la Unidad Especial y con unos avances muy significativos”, indicó.
La vicefiscal también habló de la cifra de asesinatos de líderes sociales, la cual generó controversia por el número de muertos que maneja Naciones Unidas y algunos congresistas.
“En el 2016 tenemos una cifra de 61 defensores de derechos humanos asesinados, en el 2017 tenemos 81, en el 2018 tenemos 104, en el 2019 registramos 105 y lo que nos han reportado hasta la fecha es que tenemos 9 casos de asesinatos en el 2020”, manifestó.
Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, dijo que la organización ha hecho algunas verificaciones que les permiten asegurar que son 20 los excombatientes y 13 los líderes sociales que han perdido la vida en lo corrido del año.
“En cuanto a líderes sociales son 64 reportados, de los cuales la oficina del alto comisionado ha verificado 13. Hay 43 que deben ser verificados y que se debe ver cuales encajan dentro del asesinato a líderes sociales y cuales no. Y en el caso de los excombatientes, tenemos que al 01 de abril han sido asesinados ya 20 y en total 194 desde la firma del acuerdo”, anotó.
La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que el Gobierno Nacional está dispuesto a garantizar la seguridad de los excombatientes y los defensores de derechos humanos, pero advirtió que también se presentan atentados contra otro tipo de dirigentes.
“Tenemos 376 víctimas entre 2016 y 2020, son muchísimas. El 32,2% son líderes de la acción comunal y 19,1% de los que han asesinado son líderes comunitarios, 16,2% líderes indígenas, líderes campesinos 8,2% y los líderes políticos son el 4,5%”. A la fecha, sobre estas 376 víctimas hay 305 capturas y un 56% de avance investigativo”, indicó.
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Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, dijo que se han implementado medidas de seguridad para quienes están en proceso de reincorporación.
“Tenemos más de 250 esquemas de seguridad, entre colectivos e individuales, que cubren a más de 350 excombatientes y ninguno de los desmovilizados que tiene medidas de seguridad ha tenido algún secuestro o muerte”, manifestó.
Los congresistas hicieron un llamado al Gobierno y a las demás autoridades para que se pongan de acuerdo con el manejo de las cifras, porque eso permitirá unificar las políticas públicas para evitar más hechos criminales.
En la reunión virtual con el Gobierno y las autoridades judiciales quedó claro que el narcotráfico, los grupos ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, son las principales amenazas para los líderes sociales y excombatientes en todo el territorio nacional.
