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El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo una llamado de advertencia a la Cancillería Colombia y a Migración Colombia por el incremento de las capturas en flagrancia de venezolanos implicados en delitos de alto impacto en el país.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, las zonas de mayor impacto son Norte de Santander, con 643 capturas, seguido por Bogotá, con 198, La Guajira, con 148, y Santander con 140 detenidos.
El fiscal general señaló que este informe debe ser tenido en cuenta por la Cancillería a la hora de participar el próximo jueves en la cumbre gubernamental para analizar la política migratoria del Gobierno Nacional con ocasión de la crisis venezolana.
Asimismo, la Fiscalía reveló que la tendencia de estas capturas registra un incremento del 228%, a partir del mes de agosto de 2017.
Según la Fiscalía, mientras en enero de 2017 se realizaron 78 capturas, en enero de este año se efectuaron 256 detenciones.
De acuerdo con los investigadores, sólo en Bogotá, durante el mes de enero, las capturas en flagrancia ascendieron a 42.
Los fiscales a cargo de estos procesos establecieron que otras de las actividades criminales en que más están incurriendo los ciudadanos venezolanos que migraron hacia Colombia son los delitos de lesiones personales, contrabando de hidrocarburos, tráfico de armas de fuego, receptación y violencia intrafamiliar.
Obstáculos para judicializar a venezolanos
La Fiscalía también identificó las dos principales dificultades que están enfrentando las autoridades colombianas para capturar y judicializar a los venezolanos que está delinquiendo en el país.
El primer obstáculo se relaciona directamente con la identificación de estos venezolanos, debido a que los documentos de identidad expedidos en la frontera no gozan de los mecanismos para lograr su plena individualización y tampoco se cuenta con enlaces o canales de comunicación con las autoridades venezolanas para lograr este fin.
La segunda dificultad radica en la falta de personal de Migración Colombia en las oficinas regionales, lo que impide adelantar procesos de deportación expeditos frente a estos extranjeros capturados en flagrancia y la falta de albergues transitorios mientras se surten los diferentes trámites administrativos.
"Es inaplazable considerar políticas que prevengan que los inmigrantes apelen al delito como una alternativa de vida, de cara a drama humanitario que experimentan y en cuya atención Colombia está comprometida”, enfatizó el fiscal Martínez.
Esta es la carta enviada por el fiscal a la Cancillería:
