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Así lo revela la resolución de la Fiscalía de Justicia Transicional, de 125 páginas, que declaró como un delito de lesa humanidad la financiación realizada por empresarios, ganaderos, industriales y otros terceros a los paramilitares, las Farc, el ELN y otros grupos armados ilegales.
Según la Fiscalía, estas víctimas, producto de los delitos que se le atribuyen al frente paramilitar que comandó Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, fueron cometidos "gracias al apoyo financiero voluntario y eficaz de empresarios bananeros de la región".
La Fiscalía señaló que se trata de delitos cometidos por el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas, en inmediaciones de los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa (Antioquia).
Además de la declaración de 'Pedro Bonito', la Fiscalía también tiene como pruebas clave para este proceso los testimonios de otros exjefes paramilitares como Hebert Velosa García, alias HH; Salvatore Mancuso; Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche.
Carlos Villamil, jefe de la Unidad de Justicia Transicional, señaló que en relación con estos hechos, la Fiscalía vinculará próximamente a por lo menos siete empresas bananeras.
Sin embargo, en la resolución de la Fiscalía se señala que "en total 194 empresas bananeras hicieron aportes a las Convivir Papagayo y/o a la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada del Urabá".
La decisión agrega que "entre éstas está la comercializadora Banadex, filial de Chiquita Brands, que realizó aportes entre los años 2001 y 2004 por (más de $1.600 millones) aunque según el dictamen de la justicia americana ascendieron a U$1,7 millones y su destino eran las AUC".
