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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes compulsó copias para que la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico y la Fiscalía General de la Nación investiguen a la fiscal Lucy Laborde Betancourt, quien encara a Nicolás Petro en su juicio por lavado de activos.
Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión, firmó el auto de la compulsa. La representante, del Pacto Histórico, es parte del triunvirato que investiga al presidente Gustavo Petro y a su campaña presidencial por presuntas irregularidades en la financiación en 2022.
El triunvirato ordenó inspeccionar el despacho de la fiscal Laborde en Barranquilla para acceder a los expedientes que pudiesen relacionar el caso de Nicolás Petro y el principio de oportunidad de Daysuris Vásquez con la posible entrada de dinero ilícito a la campaña.
La inspección era el 18 de noviembre, el mismo día en que la defensa de Petro iba a solicitar la revocatoria del principio de oportunidad de Vásquez. El abogado de Petro, también defensor de su padre, el presidente, viajó hasta la capital del Atlántico para acompañar el procedimiento.
Con el viaje programado, pidió suspender la audiencia de revocatoria. Laborde "sabía que el propósito de la suspensión era viabilizar esa inspección" y, aun así, guardó silencio frente a "algo que ya había ocurrido", y era que había avisado de su ausencia, narra el auto, de seis páginas.
O sea, la fiscal no iba a asistir a la inspección. Eso no es lo que reprocha la Comisión, sino el medio que utilizó: un mensaje de WhatsApp para la escribiente del despacho del magistrado Luigui José Reyes, el encargado de la inspección, comisionado por la Comisión de Acusación.
Ni audiencia ni inspección
El Juzgado 02 de Control de Garantías de Barranquilla suspendió la audiencia del principio de oportunidad de Vásquez, y el magistrado Reyes reprogramó la inspección en la oficina de Laborde. "Ni hubo revocatoria de principio de oportunidad ni hubo inspección judicial", dice el auto.
"Preocupa que una inspección judicial ordenada por esta Comisión haya sido dejada sin efecto, no por una decisión motivada, no por una causa de fuerza mayor debidamente explicada, sino por un mensaje de mensajería instantánea", reprocha la representante Arizabaleta en el documento.
La congresista es parte del Pacto Histórico por cuenta de La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, su exesposo. No tiene una buena relación con la coalición gobiernista ni con el Ejecutivo; aun así, en la compulsa de copias llamó al presidente Gustavo Petro "víctima institucional".
"Cada obstáculo informal a esa inspección no solo afecta a la defensa, sino a la víctima institucional que encarna la Presidencia de la República", afirma el auto, que La FM conoció y que explica que el mandatario es "presunta víctima" en una indagación contra el fiscal Mario Burgos.
Burgos fue el primer fiscal encargado del caso de Nicolás Petro. Ordenó la captura del primogénito del jefe de Estado en Barranquilla y su traslado a Bogotá, le imputó enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió una medida de aseguramiento y lo llevó a juicio.
Los Petro sostienen que Burgos se extralimitó en sus funciones y que intimidó al exdiputado. Por eso avanza en su contra una indagación en la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema y un pliego de cargos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
En julio de 2024 la Fiscalía apartó a Burgos del proceso. Desde entonces, Laborde es la rival de Petro. "No solo está en juego el derecho de una parte; está en juego la protección reforzada que merece quien, por mandato constitucional, representa la unidad nacional", concluye el auto.
Los reclamos contra la Fiscalía
Para la Comisión, que la inspección se haya caído "por un mensaje de chat" mientras la Fiscalía "tiene tiempo y canales para filtrar o mediatizar fragmentos de procesos" crea "una narrativa de justicia selectiva" que "no se corrige con discursos", sino "con decisiones".
Arizabaleta le pidió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico que analice "la posible violación de los deberes de formalidad, celeridad, diligencia, lealtad procesal y respeto a las decisiones" de la Comisión de Acusación.
Y a la Fiscalía le solicitó que "determine si los hechos descritos constituyen o no los delitos de abuso de función pública, obstrucción a la justicia, fraude procesal u otros que se llegaren a configurar", porque la célula reconoció que no le corresponde "calificar definitivamente delitos".
En septiembre, la fiscal Lucy Laborde —Tercera Especializada contra el Lavado de Activos— le envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al vicefiscal general, Gilberto Guerrero, denunciando presiones e irregularidades en el caso de Nicolás Petro.
Laborde contó en su misiva que recibió a una fiscal de apoyo sin que lo necesitara, exactamente en el momento en el que tramitaba una nueva imputación para el exdiputado por maniobras presuntamente ilícitas en contratos, "después de haber afrontado sola la carga de un proceso mediático".
En octubre, la fiscal Camargo negó cualquier clase de complot contra la funcionaria, y reseñó a la asignación de una fiscal auxiliar como una actuación normal "en el rol y en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección mía de la Fiscalía".
