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Diferentes organizaciones sociales y representantes de víctimas de los llamados 'falsos positivos' aseguraron que no recibieron con sorpresa la revelación sobre los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales que identificó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre el 2002 y 2008.
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Los representantes de estas organizaciones insistieron en la importancia del reconocimiento judicial de estas graves violaciones a los derechos humanos y, en especial, de su incidencia estadística a partir de 2002, en el cual se presentó un incremento exponencial y cuya cifra podría seguir aumentando, teniendo en cuenta el avance de las investigaciones de este tribunal especial.
Así mismo, plantearon que hay miles de casos cuya información se encuentra en el poder de Juzgados Penales Militares y de unidades militares que no han sido reportados como ejecuciones extrajudiciales, evitando que sean investigados y que las víctimas sean ubicadas, identificadas y entregadas a sus familias.
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De igual forma, recordaron que en numerosos casos la práctica de ejecuciones extrajudiciales estuvo asociada al delito de la desaparición forzada y muchos de estos cuerpos aún se encuentran inhumados como no identificados en cientos de cementerios del país.
Igualmente, reiteraron que los casos documentados y las cifras reveladas en el informe de la JEP también validaría la hipótesis relativa a la existencia de una supuesta política al interior de las Fuerzas Militares que favoreció la recurrencia del fenómeno criminal, sin que se presentara ningún tipo de control, verificación o sanción de los responsables.
También hicieron un llamado a revisar cuidadosamente la metodología de investigación de la cadena de responsables, a la luz del principio de temporalidad, atendiendo a que en este caso los altos mandos han demostrado no tener mayor intención de reconocer su responsabilidad en estos graves hechos.
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Debido a que el auto de la JEP fijó un término de quince días a los representantes de víctimas para hacer observaciones frente al mismo, las organizaciones insistieron en la necesidad de que la Sala de Reconocimiento convoque a una audiencia pública, en las cuales las víctimas y sus delegados puedan presentar sus observaciones de manera oral y pública, conforme a la relevancia de este tipo de decisiones.
