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Por no reconocer responsabilidad por ‘falsos positivos’ en el departamento de Antioquia, la Sala de Reconocimiento de Verdad, remite al mayor general (r) Juan Pablo Forero y dos tenientes coroneles (r) del Ejército a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
La JEP estableció que el mayor general (r) Juan Pablo Forero y los tenientes coroneles (r) Jairo Bocanegra De La Torre y Édgar Emilio Ávila Doria, antiguos miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, contribuyeron a la configuración del patrón macrocriminal en el que al menos 434 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Entre ellas se registraron 203 víctimas de desaparición forzada y 41 de tortura en 22 hechos, perpetrados por integrantes de los seis batallones adscritos a la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2004 y 2007, cuya investigación fue priorizada.
La decisión fue adoptada en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. De acuerdo con lo que indicó la JEP, la participación de los militares resultó esencial para la consolidación de las modalidades criminales.
Entre ellas que presionaron a sus subordinados para aumentar el reporte de muertos en combate a como diera lugar. Así mismo otorgaron incentivos positivos y negativos para fomentar el reporte de muertes y, por último, adoptaron una actitud permisiva frente a las irregularidades, sin tomar medidas frente a los responsables.
La magistratura documentó estos hechos a partir de la contrastación de múltiples fuentes: 145 versiones voluntarias de antiguos integrantes de la IV Brigada, documentos operacionales, registros de programas radiales y hojas de vida oficiales.
La Unidad de Investigación y Acusación; Que actúa como la fiscalía de la JEP, asumirá ahora la investigación y deberá decidir si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal para la Paz, donde el caso seguirá por vía adversarial. En caso de ser hallados culpables, los tres oficiales se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de cárcel.
