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El exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptó su responsabilidad en los hechos de corupción que desangraron a la isla.
Housni reconoció haber celebrado de manera indebida millonarios contratos durante los pocos años que estuvo en la Gobernación de San Andrés.
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La Corte Suprema de Justicia avaló el preacuerdo que se firmó y lo sentenció a 181 meses de prisión (15 años) por su responsabilidad en un delito de concierto para delinquir agravado, coautor de seis delitos de interés indebido e la celebración de contratos, coautor de un delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautor de siete cohechos propios en concurso homogéneo y peculado por apropiación.
El alto tribunal le ordenó el pago de una multa de 1.200 millones de pesos que tendrán que ser cancelados a la Nación.
El exgobernador aceptó que en el 2015 se concertó con otras personas para “cometer delitos contra la administración pública”. El pacto era que una vez elegido como Gobernador adjudicaría y adicionaría contratos a dedo a los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez y Mauricio Botero, a cambio de recibir el 10% del valor de cada contrato para compartirlo con su hermano Jack Housni Jaller.
Dice la sentencia que, durante el segundo semestre de 2015, los contratistas le entregaron 1.200 millones de pesos para gastos de su campaña política.
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Una vez en la Gobernación de San Andrés, Housin empezó a cumplir y suscribió irregularmente los siguientes contratos:
Adición de 14 de marzo de 2017 por $9679224.315,20 al contrato de obra 1190 de 2016. Colegio Flowers Hill; Adición de 12 de septiembre de 2016 por $6.703'480.150 al contrato de obra 1205 de 2013. Colegio Bolivariano; Adiciones de 20 de septiembre de 2016 por $1899682.500; de 14 de marzo de 2017 por $329775.684; y de 31 de octubre de 2017 por $249653.250, para un total de $247'111.440.80, al contrato de interventoría 1217 de 2013.
También se lee la adición de 13 de octubre de 2017 por $14.5219755.911 al contrato 1341 de 28 de octubre de 2014 construcción Megacolegio CEMED; Adición de 19 de octubre de 2017 por $5159062.233 al contrato de interventoría Megacolegio CEMED 1405 de 21 de noviembre de 2014 y Adición de 18 de septiembre de 2017 por $3.8699039.122.38 al contrato de obra 1524 de 30 de diciembre de 2014 Construcción SIES.
La Corte comprobó que la adición de esos contratos fue autorizada en cumplimiento del acuerdo que se venía de la Gobernación anterior por lo que “puede afirmarse que las mismas estuvieron determinadas por un interés particular a favor propio y de terceros, distinto al bien común”.
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El exgobernador también será condenado por celebrar más de tres contratos a través de convenios administrativos, con fundaciones y otros contratistas para fines muy particulares como la prestación de servicios de vigilancia en la administración departamental; para la prestación de los servicios de salud, de consulta médica teleasistida.
El fallo habla de otros contratos para prestar el servicio de apoyo logístico para la realización de eventos y para desarrollar una plataforma interactiva de indicadores de competitividad de los sectores productivos: turismo, agrícola y pesquero del Archipiélago para la toma de decisiones, entre otros.
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