Gobernación de Antioquia ha enviado cerca de 40 oficios al Gobierno por la situación de seguridad en Briceño

Según la Administración Departamental, además de los oficios enviados al Gobierno Nacional, desde 2024 ha liderado y acompañado 18 consejos de seguridad.
Briceño - Norte de Antioquia
Briceño - Norte de Antioquia Crédito: @Alcaldia de Briceño Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que, desde 2024, ha enviado cerca de 40 oficios al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional en los que solicita acciones urgentes y capacidades operativas diferenciales para enfrentar a los grupos armados ilegales que delinquen en el municipio de Briceño.

Tribunal ordenó atender a Briceño

El pronunciamiento se conoce luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara, mediante medidas cautelares, a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa e Interior adoptar acciones urgentes para atender la crisis de orden público que enfrenta el municipio, tras una acción popular presentada por la Gobernación.

Según la Administración Departamental, además de los oficios enviados al Gobierno Nacional, desde 2024 ha liderado y acompañado 18 consejos de seguridad con las autoridades locales para hacer seguimiento a la situación de orden público y coordinar respuestas frente a las afectaciones registradas en el territorio.

Tribunal ordena medidas urgentes ante la crisis de orden público

De acuerdo con la Gobernación, en estos espacios se han abordado intimidaciones contra funcionarios públicos, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y las confrontaciones entre grupos armados ilegales.

La decisión del Tribunal se produjo en medio del deterioro de la seguridad en Briceño, donde las autoridades han advertido sobre la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, disputa que ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos, ataques con artefactos explosivos y otros hechos de violencia, entre ellos el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

En su fallo, el Tribunal ordenó al Gobierno Nacional diseñar e implementar un plan transitorio de intervención urgente para el municipio, definir el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública y convocar un Consejo de Seguridad extraordinario para coordinar medidas de protección dirigidas a la población civil.

Gobernación mantiene atención humanitaria e inversión social

La Gobernación señaló que, además de las gestiones en materia de seguridad, mantiene presencia institucional en Briceño mediante acciones de atención humanitaria, protección de los derechos humanos e inversión social, incluyendo obras de infraestructura para la convivencia, acompañamiento a comunidades afectadas por el desplazamiento y estrategias de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y de los riesgos por minas antipersonal y artefactos explosivos.

Claves del tema en cinco preguntas:

1. ¿Qué informó la Gobernación de Antioquia sobre las gestiones realizadas por Briceño?
Indicó que desde 2024 ha enviado cerca de 40 oficios al Gobierno Nacional solicitando acciones urgentes y mayores capacidades operativas para enfrentar a los grupos armados ilegales.

2. ¿Qué ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia?
Ordenó al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para atender la crisis de seguridad en Briceño, fortalecer la Fuerza Pública y convocar un Consejo de Seguridad extraordinario.

3. ¿Qué problemáticas de seguridad han sido abordadas en los consejos de seguridad?
Se han tratado amenazas, intimidaciones a funcionarios, desplazamientos forzados, confinamientos de comunidades y enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

4. ¿Qué grupos armados se disputan el control en Briceño, según las autoridades?
Las autoridades señalaron que la confrontación es entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las antiguas FARC.

5. ¿Qué acciones adicionales desarrolla la Gobernación en el municipio?
Mantiene programas de atención humanitaria, protección de los derechos humanos, inversión social, obras para la convivencia y estrategias para prevenir el reclutamiento de menores y los riesgos por minas antipersonal.


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