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Durante la presentación del informe sobre el decreto de conmoción interior para la zona del Catatumbo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió a la alerta que fue emitida por la Defensoría del Pueblo sobre lo que sucedía en esa región del país.
Para algunos sectores, esta situación ya había sido advertida por el órgano de control, lo cual demuestra que la grave crisis de orden público que hoy se registra en Norte de Santander, no fue sobreviniente.
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Sin embargo, la ministra Buitrago desestimó esos argumentos y aseguró que la alerta de la Defensoría fue muy general y no cobijaba a todos los municipios que habían resultado afectados con el accionar de los grupos armados ilegales.
“Era una alerta genérica en el ámbito geográfico de advertencia de algunos de los municipios. Y me va a permitir leer de la Defensoría del Pueblo lo siguiente: ‘la Defensoría del Pueblo emite la presente alerta temprana de inminencia ante el riesgo que se cierne para diferentes sectores poblacionales de municipios que conforman la subregión del Catatumbo. En el ámbito geográfico, uno, Río de Oro y González del Departamento del Cesar y los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y la Playa de Belén”, indicó la ministra.
A renglón seguido, la funcionaria aseguró que la declaratoria de conmoción interior cobija a más municipios y zonas que los descritos en la alerta de la Defensoría, razón por la cual sí se justificaba acudir a esta medida de excepción.
“Esto implica que en este caso en particular se hablaba de una confrontación que venía sucediendo en el territorio del Catatumbo y que a raíz de esa alerta que hace la Defensoría actúan tanto el Ejército como la Policía. La declaratoria del estado de conmoción la pudimos verificar en 13 municipios y sobre esa base también en los resguardos indígenas Motilón Barí, Catalaura, La Gabarra y obviamente hay una diferencia sustancial en la alerta temprana con los municipios declarados en la conmoción interior”, explicó la ministra.
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La ministra Buitrago afirmó que entre las medidas que se implementarán en la zona del Catatumbo, también se prevé una administración de justicia más expedita para atender la situación de los habitantes de esa región.
