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El Consejo de Estado recibió la primera demanda contra el decreto que fue emitido por el Gobierno Nacional con el que se aplazaron millonarios recursos para varias entidades y proyectos en 2025 que serían financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación.
El abogado constitucionalista Germán Calderón España presentó la demanda contra ese decreto, argumentando que el mismo carecía de los suficientes fundamentos para justificar el congelamiento de recursos destinados a diversas entidades y proyectos clave en Colombia.
Entre las iniciativas afectadas, se incluyó la construcción del metro de Bogotá y el túnel del Toyo en Antioquia, dos proyectos de gran relevancia para el desarrollo del país.
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En particular, Calderón España se refirió al impacto que tendría el recorte presupuestal sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), al considerar que el recorte violaba la autonomía de esta entidad.
Afirmó que el recorte ponía en riesgo los derechos políticos de los ciudadanos, tal como lo establece el artículo 40 de la Constitución de Colombia, que garantiza el derecho a elegir y ser elegido, así como el derecho al voto libre.
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En su demanda, el abogado solicitó la suspensión de la medida, señalando que el decreto no presentaba una motivación suficiente ni una justificación clara, especialmente en el contexto del calendario electoral del país.
El decreto se estableció que los ministerios más afectados serían Igualdad, con $669.000 millones; Vivienda, con $313.000 millones; Interior, con $324.000 millones; Salud, con $211.000 millones; y Agricultura, con $108.000 millones. Además, el Congreso recibiría un aplazamiento de $167.000 millones.
Uno de los proyectos más sensibles incluidos en este decreto fue la construcción del tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá, por un valor de $5.304 millones lo que generó que el concejal Daniel Briceño anunciara acciones legales contra el ministro de Hacienda, Diego Guevara.
