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En el Congreso de la República avanza un acto legislativo que pretende eliminar cualquier tipo de beneficio para los integrantes de grupos armados ilegales que hayan cometido delitos o agresiones sexuales contra menores de edad.
El propósito de esta reforma constitucional es que evitar que en futuros procesos de paz los violadores o abusadores de niños reciban penas alternativas, como sí ocurre en el caso de los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
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La senadora de ‘la U’ Maritza Martínez, autora de esta propuesta, explicó que para este tipo de personas deben aplicarse las sanciones ordinarias establecidas en el Código Penal colombiano.
“Aplicaría hacia futuro. Ya no podemos lograr su aplicación a este acuerdo con las Farc y por eso queremos blindar los acuerdos futuros con cualquier grupo, ya sea guerrilla, paramilitares o agentes del Estado, con el fin de que nunca más nadie pueda recibir una pena alternativa o que no corresponda a las máximas del Código Penal por esta clase de delitos”, dijo.
Este proyecto ya fue aprobado en primer debate en el Senado de la República. Sin embargo, aún debe ser tramitado en otros tres antes del 20 de junio para evitar su archivo.
“Estamos a tiempo de aprobarlo, pero es muy importante que el Gobierno esté pendiente de su trámite y que no vaya a permitir que se nos hunda. Los colombianos quien que esto sea una realidad y creo que en la plenaria del Senado se le dará una pronta aprobación para poder cumplir con la primera vuelta antes del 20 de junio”, añadió.
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El acto legislativo está siendo impulsado por varios congresistas y cuenta con el respaldo del Gobierno, por lo que se espera que muy pronto se convierta en una realidad. La próxima semana estaría lista la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado.
