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La violencia de los grupos armados y, en algunos casos, los combates con la Fuerza Pública generaron graves afectaciones, entre ellas homicidios selectivos, ataques con explosivos, violencia sexual, reclutamiento de menores, desplazamientos y confinamientos en regiones como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
La ONU manifestó su preocupación al advertir que en el Atrato chocoano, Córdoba, Sucre y Urabá el control territorial lo ejercen grupos ilegales. “Se registra un número menor de abusos a los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Sin embargo, la población civil se ve afectada por medidas de control e imposición indebida de normas de convivencia que restringen los derechos de las comunidades, generan temor y las constriñen a involucrarse en economías ilícitas”, señala el informe.
En relación con las masacres perpetradas en 2025, el documento indica que se verificaron 53 hechos que dejaron 174 víctimas (147 hombres, 20 mujeres, cuatro niños y tres niñas). Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el 95 % de los casos, la presunta responsabilidad recayó en organizaciones criminales y grupos armados no estatales. Además, en el 75 % de las masacres la motivación estaría relacionada con disputas por el control de economías ilícitas.
Sobre los ataques con explosivos, la ONU registró 44 acciones en 16 municipios, en las que murieron 21 civiles y ocho uniformados, mientras que al menos 206 personas resultaron heridas.
“La ciudad de Cali fue la más afectada, con cuatro de estos ataques con explosivos, en los cuales murieron 12 civiles (incluido un menor de edad) y dos uniformados, y aproximadamente 150 personas resultaron heridas. El 17 de abril, en La Plata (Huila), se registró un ataque contra una estación de Policía con una motocicleta cargada con explosivos, que dejó dos civiles muertos y 31 heridos”, reseña el documento.
En cuanto a los ataques bajo la modalidad de “plan pistola”, durante 2025 fueron asesinados 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.
Según el informe, se verificaron 150 casos de reclutamiento forzado (98 niños y 52 niñas), cifra que no representa la totalidad de los hechos debido a la dificultad para conocer todas las denuncias. “Muchas familias callan por miedo y amenazas”, advierte Naciones Unidas.
También se corroboró la muerte de 17 niños y 13 niñas que se encontraban en situación de reclutamiento en Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander. De ellos, 15 (ocho niños y siete niñas) fallecieron en medio de cuatro bombardeos realizados en el marco de operaciones militares.
“El desplazamiento forzado masivo se incrementó un 85 % en comparación con 2024. En 2025, 89.013 personas fueron desplazadas. Además, se registraron 166 homicidios selectivos, entre ellos al menos ocho masacres, y aumentaron las denuncias por privación de la libertad, abuso sexual, trata de personas y reclutamiento de niños y niñas”, detalla el informe.
Oto de los puntos referenciados menciona que en cuanto a la violencia política se reportaron 18 homicidio y 126 ataques en contra de lideresas y líderes.
Además, se verificaron 99 asesinatos de defensores de derechos humanos: 81 eran hombres, 16 mujeres, 1 mujer transexual y 1 hombre gay. Entre los principales perfiles destacan 20 personas defensoras indígenas, 6 afrodescendientes y 36 campesinos, lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas.
Recomendaciones
Finalmente, la ONU emitió varias recomendaciones para mejorar la situación de orden público. Entre ellas destacó que “el período electoral y el inicio de un nuevo gobierno ofrecen una oportunidad decisiva para fortalecer la seguridad, las garantías de participación política, proteger a candidatos y votantes y consolidar las condiciones necesarias para avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz”.
El organismo instó a avanzar en el Congreso en la discusión del proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria, que reglamenta su estructura, funcionamiento y competencias.
Asimismo, pidió a los grupos armados no estatales cesar el reclutamiento de menores de 18 años, liberarlos de inmediato si se encuentran bajo su poder o influencia y abstenerse de utilizarlos como escudos humanos.
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