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La Defensoría del Pueblo, que desde el año pasado ha advertido sobre la violencia política de cara a las elecciones de 2026, pidió investigar la desaparición del candidato al Senado Andrés Vásquez, del Partido Conservador.
El Ministerio Público expresó su “preocupación” por el caso del abogado, quien visitaba a su padre en Pelaya, un municipio de poco más de veinticuatro mil habitantes en el sureste del Cesar. Planeaba salir a Aguachica, a unos 46 kilómetros.
La mañana del 25 de febrero sus familiares encontraron su vehículo vacío, con las puertas abiertas, y su celular, su billetera y sus pertenencias en el interior. El Partido Conservador pidió a las autoridades “activar todos los protocolos para su ubicación”.
“Ante los hechos conocidos y que aún son objeto de investigación, hemos solicitado a las autoridades competentes desarrollar las acciones necesarias de investigación y activar el mecanismo de búsqueda urgente”, manifestó por su parte la Defensoría.
El mecanismo al que se refiere el ente de derechos humanos es una herramienta que la Fiscalía General de la Nación y los organismos judiciales activan para rastrear a personas que se presumen desaparecidas.
Mecanismos de búsqueda y reclamos de protección
Para ponerlo en marcha, es necesario informarle a un juez y un fiscal las circunstancias que permitan establecer que alguien es una posible víctima de desaparición forzada. La confusión del caso de Vásquez es un argumento sólido.
La colectividad opositora a la administración de Gustavo Petro le pidió al Gobierno nacional, a través de sus familiares, “protección y seguridad para los candidatos”. La familia del candidato califica su extravío como un secuestro.
A unos mil kilómetros de distancia, en el municipio caucano de Morales, el 25 de febrero el equipo de campaña de la candidata Ana Guetio —una indígena nasa aspirante a las circunscripciones especiales de paz— le perdió el rastro.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) reveló este jueves que la candidata ya apareció. Su vehículo “aparentemente fue hurtado”, de acuerdo con la entidad, y la mujer se fue hasta El Tambo, también en Cauca, “en un vehículo particular”.
El escolta de la aspirante, David Banbague, se contactó con el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) para informar que “él y su protegida se encuentran sin novedad”, según las autoridades.
Reacción oficial y contexto de riesgo electoral
Andrés Vásquez continúa con paradero desconocido. “Reiteramos nuestra disposición de apoyo y acompañamiento a las autoridades y familias”, zanjó la Defensoría. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó en sus redes sociales a ambos episodios.
“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, apuntó el general retirado de la Fuerza Aeroespacial, y prometió enfrentar “el miedo” y “la violencia”.
La Defensoría del Pueblo presentó esta semana su informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, que describe las amenazas que priman en todo el país de cara a los comicios. En total, 670 municipios están en riesgo en tres niveles.
En octubre de 2025, cuando la Defensoría recopiló denuncias y elaboró la Alerta, 62 municipios requerían “acción inmediata”, la mayor cota en la escala del peligro. El informe de seguimiento de este lunes muestra una cifra más alta, de 69 municipios.
Otros 162 municipios estaban en el nivel de “llamado a la acción urgente”, y ante la falta de respuesta institucional el dato subió a 168. Y frente al “llamado a la acción prioritario”, que agrupaba a 425 municipios, el número llegó a 433.
Coacción armada y advertencias sobre la democracia
La medición del riesgo se refiere, principalmente, a la atención que debe prestar el Estado para contrarrestar la hegemonía o disputa territorial de estructuras armadas. Los indicadores no muestran mejorías.
El Tambo es uno de los que necesita acción inmediata, “por el riesgo extremo para actividades electorales”, publicó el órgano de derechos humanos en su cuenta de X. Pelaya, dice el informe de seguimiento, demanda “observación permanente”.
Cesar es un departamento donde, como en el sur de La Guajira, patrulla el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, que amenaza, mata e interfiere en la cotidianidad, al igual que el ELN, que opera en el convulso Catatumbo.
Puede que las elecciones sin duda vayan a llevarse a cabo. El problema es la coacción. “Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada”, dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, durante la presentación del informe.
“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal, en algunas regiones, que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, añadió Marín.
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