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Mientras el Gobierno avanza en diálogos de paz, la presión de los grupos armados impone un régimen del terror en las zonas auríferas. Las extorsiones subieron drásticamente al 25% y quienes se niegan a pagar enfrentan la destrucción de su maquinaria, el cierre de sus faenas o el secuestro. Los trabajadores exigen protección frente a un "caos" que asfixia la economía local.
En las montañas del Sur de Bolívar, donde casi nadie llega, la tierra late al ritmo del agua, el barro y el oro. Sin embargo, para muchas familias que dependen de la minería artesanal, la riqueza del subsuelo se ha convertido en su mayor preocupación y riesgo. En esta región de Colombia, históricamente golpeada por el abandono institucional, el ELN ha aprovechado dicho abandono para imponer su ley.
Hoy, los mineros locales rompen el silencio bajo estricto anonimato. Denuncian que la presión en el territorio ha alcanzado niveles insostenibles. Ya no se trata solo de las tradicionales "vacunas" o extorsiones, ahora se enfrentan a un régimen de vigilancia permanente, represalias violentas, secuestros y la destrucción de su único sustento si se atreven a cuestionar las órdenes que les impone el ELN, o incluso, si se niegan en pagar.
“Estamos viviendo en este momento un caos con el ELN, porque para nadie es un secreto, e inclusive es conocido en todo el territorio. El ELN dice ser el ejército del pueblo, ¿cierto? Pero ha sido para mí el atropello del pueblo”, relata con indignación y temor uno de los mineros de la zona, cuya voz refleja el sentir de una comunidad entera.
Para los habitantes de estos municipios, la contradicción entre el discurso político del ELN y la realidad en el territorio es evidente. Mientras la organización insiste en presentarse bajo una bandera de “defensa popular”, quienes verdaderamente habitan y trabajan en la región aseguran que la realidad es opuesta. Para los mineros y pequeños productores, las acciones diarias demuestran que el grupo subversivo no actúa como el “ejército del pueblo”, sino que se ha convertido de manera directa en el auténtico yugo del pueblo, manteniendo a la población civil bajo una constante asfixia económica y social.
Durante décadas, los ciudadanos de estos territorios han estado a merced de las exigencias que el ELN impone a sangre y fuego. La vida cotidiana transcurre en una cuerda floja, atrapados entre la necesidad de trabajar para sobrevivir y el peligro inminente de perder la vida o la libertad en la región.
La minería en esta región del Sur de Bolívar que visitamos, no es una actividad de grandes corporaciones ni de magnates; en su inmensa mayoría, está integrada por mineros artesanales y pequeños mineros tradicionales que luchan día a día por ser formalizados ante el Estado, buscando que su labor sea reconocida legalmente. Sin embargo, a los ojos del ELN, todo esfuerzo de estos pequeños mineros es visto simplemente como una fuente de financiamiento que debe ser exprimida.
Al preguntarles a los trabajadores el porqué de este desespero actual, las respuestas apuntan directamente a una política fiscal criminal que los está dejando sin el pan de cada día: “Porque nos han atropellado con los ‘impuestos’. Nosotros somos mineros artesanales, no ilegales, como el gobierno nos tilda. La economía de nosotros es la minería, de ahí tenemos que sacar para pagarle un impuesto al ELN”.
La distinción que hacen los pobladores es vital. Mientras que los sucesivos gobiernos centrales suelen estigmatizarlos metiéndolos en la misma bolsa de las grandes mafias de la minería ilegal o criminal, estos mineros del Sur de Bolívar que luchan por ser formalizados defienden que su actividad. No obstante, en la zona no hay distinciones: desde la operación que mueve algo de maquinaria hasta la mujer o el anciano que saca gramos de oro con una batea en el río, todos están obligados a tributar a las finanzas del grupo insurgente.
La economía de la extorsión en el Sur de Bolívar realizada por el ELN y las FARC ha sufrido mutaciones alarmantes en los últimos meses. Lejos de la retórica ideológica que supuestamente divide a los diferentes grupos armados, la realidad en el territorio demuestra que las fronteras criminales se desdibujan cuando hay dinero de por medio.
Un minero de la región explica cómo funciona este complejo y abusivo sistema impositivo ilegal: “En estos momentos lo subieron a un 25%. Anteriormente cobraban un 5% y lo partían entre el ELN y las FARC, pero ahora que las FARC se hizo a un lado, lo incrementaron a un 25%”.
Este incremento en la tasa extorsiva ha quebrado la frágil economía local. Pasar de tener que pagar el 5% al 25% de la producción total significa, en términos reales, que los mineros están trabajando para sostener un aparato de guerra ajeno, quedándose ellos sin margen para cubrir los costos de operación y el sustento de sus propias familias, por pagarles al ELN.
Pero las extorsiones económicas no son el único eslabón de esta cadena de abusos. Para garantizar que ningún minero esconda un solo gramo de oro o mienta sobre los volúmenes de producción, se ha implementado un sistema de control y espionaje total dentro de los mismos frentes de trabajo.
En las zonas mineras se impone la presencia de "vigilantes" que custodian las jornadas laborales cotidianas. No se trata de seguridad para los trabajadores, sino de una auditoría criminal permanente para asegurar el cobro realizada, según denuncian, por el ELN.
“Porque encima de eso, ellos colocan vigilantes, le meten uno, dos o tres trabajadores ahí, y vigilan todo estrictamente”, denuncia un habitante afectado.
Esta modalidad no solo priva a los mineros de su autonomía y privacidad, sino que además introduce la vigilancia en su propio entorno de trabajo. Estos “vigilantes” impuestos por el ELN supervisan cada transacción, asegurando que la tajada de la extorsión sea exacta. El ambiente de trabajo se ha transformado en un calvario de desconfianza y tensión absoluta.
Ante los costos prohibitivos de estas extorsiones disfrazadas de impuestos, la pregunta en el territorio es inevitable y aterradora: ¿Qué sucede si un minero se planta, invoca sus derechos y se niega a pagarle al ELN?
La respuesta de los habitantes de la zona devela el rostro más oscuro e implacable de la violencia regional. Quien no paga, no solo pierde el derecho al trabajo, sino que pone su vida en una cuenta regresiva:
“En ese caso, el que se oponga a pagar el impuesto, lleva represalia. Por ejemplo, cerrarle el trabajo o incluso llevarlo secuestrado. Tenemos un caso reciente de un compañero del sector minero que fue secuestrado y duró 22 días secuestrado, la causa del secuestro fue por los impuestos”.
Este tipo de testimonios demuestra que el secuestro sigue siendo una herramienta vigente y cotidiana de presión económica en las regiones apartadas, a pesar de los anuncios políticos en las mesas de negociación en las capitales. El secuestro de este minero durante más de tres semanas envió un mensaje perentorio a todo el gremio del Sur de Bolívar: o se financia la al ELN, o se paga con el cautiverio.
Para aquellos que corren con una suerte ligeramente "mejor", la represalia no es el secuestro de su persona, sino la destrucción total de sus herramientas de trabajo. Los actores armados llegan directamente a los yacimientos y destruyen la maquinaria o los motores de extracción.
“Ellos llegan y las destruyen, por no pagar los impuestos”, confirma con impotencia otro de los afectados.
Sin maquinaria y con sus lugares de trabajo clausurados por orden de quienes mandan en el territorio, el minero queda sumido en la ruina absoluta, sirviendo además como un doloroso ejemplo para que el resto de la comunidad no ose desafiar el régimen impuesto por el ELN.
Llegar a estos corregimientos y veredas del Sur de Bolívar es estrellarse de frente con una realidad dolorosa y paralela que poco o nada se conoce en las grandes ciudades de Colombia. Es una realidad que queda trágicamente atrapada entre las montañas, el abandono estatal crónico y la total falta de garantías, incluso para denunciar formalmente lo que allí sucede.
En estas zonas alejadas, la justicia ordinaria es una utopía. Quienes ejercen el control criminal conocen a la perfección este vacío institucional. Saben que el Estado no tiene los ojos puestos en estas selvas y ríos, y aprovechan esa flagrante falta de protección para atentar, de las formas más crueles, contra los derechos fundamentales de los habitantes.
La población civil se encuentra en una encrucijada perversa. Si denuncian ante las autoridades en los cascos urbanos, se convierten inmediatamente en objetivos militares, ya que en la zona se mantiene una red de cooperantes e informantes locales del ELN. Si no denuncian, deben seguir transfiriendo una cuarta parte de sus vidas y esfuerzos a los bolsillos de sus opresores.
Maniatados, desamparados por el Gobierno central y extorsionados por el poder de las armas del ELN, los mineros del Sur de Bolívar sobreviven el día a día. Para ellos, el clamor es uno solo: que las promesas de paz de los discursos oficiales dejen de ser letra muerta en las mesas de diálogo y se traduzcan, de una vez por todas, en seguridad, soberanía y libertad en los territorios habitados por el olvido.
- Por: Stephanie Bates
