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El día en que cumpliría 28 años el joven grafitero Diego Felipe Becerra, el presidente Gustavo Petro, en medio de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, pidió perdón en nombre del Estado, por el asesinato cometido por un patrullero el 19 de agosto de 2011.
En presencia de los padres del joven que apenas tenía 16 años, el mandatario expresó “es una orden del jefe del Estado, debe abandonar el concepto del enemigo interno y educarse en los conceptos de la democracia”.
“Bonito sería, señor general Salamanca, director de la Policía, que por centenares de miles se editara la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y se repartiese entre todos los miembros de la Policía, del Ejército, en otras instituciones, y se discutiera el colectivo”, agregó Petro.
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El mandatario insistió en que una “policía humana” es la que entiende la diversidad. “Una policía que crea en el enemigo interno siempre estará pensando en un solo color, el gris, que quiso extender por la ciudad y para ello intentó e hizo matar a un artista".
Aquel 19 de agosto de 2011, el joven se encontraba pintando grafitis en un puente de la Avenida Boyacá con calle 116, cuando el patrullero Wilmer Antonio Alarcón le causó la muerte.
La investigación de la Fiscalía demostró, casi una década después, que Becerra no solo fue asesinado en estado de indefensión, sino que además hubo ocultamiento y destrucción de pruebas, por parte del general (r) Francisco Patiño, y manipulación de las mismas, por el coronel (r) Nelson de Jesús Arévalo, quien en abril de 2022 fue condenado a más de 20 años de prisión.
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“A doña Liliana y a don Gustavo, padres de Diego Felipe Becerra, a sus amigos y compañeros, y en general a toda la sociedad colombiana, reitero este perdón que ofrezco en nombre del ministerio de Defensa”, expresó por su parte el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
El ministro de Defensa también agregó que “los padres del joven grafitero han adelantado una lucha por la verdad y por la justicia”, señalando que el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El acto fue citado en Bogotá por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de Marta Lucía Zamora y del equipo jurídico de la Presidencia.
