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La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, adscrita alMinisterio de Justicia, envió una insistencia a la Corte Constitucional pidiendo que sea revisado el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que, en septiembre de 2020, le ordenó a varias autoridades adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.
"Esta Agencia nota con preocupación el contexto jurídico actual en el que se encuentra el ejercicio de este derecho fundamental, ya que sirve de escenario propicio para abusar en el ejercicio del derecho y desprestigiar a la autoridad policial, en su intento legítimo de restablecer el orden público y proteger la integridad tanto de los civiles, como de los propios uniformados", advierte el documento firmado por César Méndez, director de Defensa Judicial de la Agencia.
"Dado el contexto actual de protesta social y ausencia de regulación mediante ley estatutaria, es necesario que la Corte Constitucional someta este asunto bajo su conocimiento, para definir los alcances, los límites y condiciones, bajo las cuales es constitucionalmente admisible ejercer el derecho a la manifestación pública y pacífica"; agrega la polémica petición de la Agencia dirigida por Camilo Gómez Alzate.
El fallo que, pretenden, revise la Corte Constitucional, es el que le exigió disculpas públicas al entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los "actos cometidos por el ESMAD durante las manifestaciones públicas ocurridas el 21 de noviembre del 2019 y días siguientes".
"Es fundamental que la Corte Constitucional delimite por lo menos temporalmente, el ejercicio constitucionalmente admisible del derecho a la manifestación pública y pacífica, para que de esa manera, pueda la autoridad policial cumplir correctamente con su misión constitucional, actuando de manera legitima cuando deba hacerlo y absteniéndose de intervenir cuando no se amerite, pero en todo caso, evitando la ocurrencia de actos violentos que en nada se acompasan con el ejercicio legitimo del derecho", agrega el documento radicado el pasado 25 de marzo.
