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La Sala Plena del Consejo de Estado recibió la denuncia contra el senador Gustavo Petro por llamar a la desobediencia civil el año pasado, tras conocerse el escándalo de la supuesta compra de votos en la campaña presidencial a favor de Iván Duque, o la denominada ‘ñeñepolítica’.
En primera instancia, esa Corte negó la demanda que pide la muerte política contra el senador, al considerar que Petro no había incurrido en ninguna causal de inhabilidad.
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Sin embargo, el demandante José Manuel Abuchaibe, insiste en que Petro debe perder su investidura. Reiteró que supuestamente ningún miembro del Congreso podría hacer ese tipo de pronunciamientos, porque estaría incurriendo en una violación al régimen de incompatibilidades.
“Por el presunto incumplimiento de los deberes inherentes a la dignidad del cargo, pues el congresista en diferentes medios de comunicación ha utilizado su dignidad parlamentaria, su reconocimiento e importancia social e institucional, para influir sobre la comunidad, crear pánico, zozobra”, dice uno de los apartes de la demanda.
En medio de ese debate en segunda instancia, la Procuraduría envió su concepto en contra de la demanda.
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“Para esta Procuraduría Delegada no se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para considerar que Gustavo Francisco Petro Urrego se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura”, dice el documento.
Para la Procuraduría, debe quedar en firme el fallo de primera instancia del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de Petro.
Esos llamados a la desobediencia civil se dieron a través de una columna escrita por Petro en el portar digital ‘Cuarto de Hora’, en el que calificó al gobierno Duque como “ilegitimo, que está condenando a la sociedad colombiana al genocidio”.
Para el abogado, Petro habría cometido una infracción al acusar a la campaña de Duque con dineros del narcotráfico; llamar a la desobediencia civil y afirmar que “Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente” y también al invitar a la ciudadanía a no pagar las facturas de servicios públicos durante la emergencia sanitaria presentada por el covid-19.
