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El Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que por mayoría, el Consejo de Política Criminal apoyó su proyecto de 'Paz Total' que establece algunos beneficios para los jefes criminales que se sometan a la justicia y el cual será presentado ante el Congreso de la República.
"Colombia debe tener la seguridad que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad, siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad", afirmó el ministro Montealegre frente al proyecto.
Y es que han sido varios los reparos frente a este proyecto, toda vez que el mismo contempla penas máximas de 8 años de prisión para cabecillas de todo tipo de grupos delincuenciales y abre la posibilidad de que se puedan quedar con un porcentaje de sus ganancias ilegales.
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Las críticas contra este proyecto, principalmente desde la oposición, tienen que ver ,según lo han expresado, con que habría impunidad para los jefes de las estructuras criminales en el país.
Esta nueva normativa nace en el marco de la 'Paz Total' del presidente Gustavo Petro donde se establecen cambios para la política criminal del país, pues se haría una modificación al sistema de Justicia y Paz con el fin de ampliar su aplicación a grupos y bandas criminales organizadas.
De manera que, a los miembros de estructuras como las disidencias de las Farc o del Clan del Golfo que se apartaron del sistema de Justicia y Paz, se les abriría la puerta. El proyecto establece que la Fiscalía y el Ejecutivo tendrán el poder de definir quiénes recibirían los beneficios.
Por otro lado, una de las directrices de esta nueva ley indica que los dirigentes de grupos criminales y responsables de graves crímenes de guerra recibirán penas de 5 a 8 años, mientras que se establecieron penas de 2 a 5 años para miembros de los grupos criminales que hacían parte de la organización criminal, pero que no contaban con capacidad de decisión.
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Corte Suprema expresó sus dudas
La Corte Suprema dio a conocer que "la presidenta de la Sala Penal la magistrada Myriam Ávila Roldán, votó desfavorable el borrador de proyecto de ley sobre tratamiento penal diferenciado para grupos armados, por falta de discusión y claridad en su impacto, entre otras razones".
La magistrada Myriam Ávila Roldan, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, elaboró sobre sus reparos frente a este borrador que fue discutido en el Consejo de Política Criminal: “Para la Corte Suprema de Justicia resulta altamente inconveniente que en una misma iniciativa legislativa se mezclen temas incompatibles como asuntos propios de la justicia transicional con temas propios de la jurisdicción ordinaria y adicionalmente con personas judicializadas en virtud de la protesta social”, señaló.
Ante lo expresado por parte de la magistrada de la Corte Suprema, se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien negó que haya sido la Corte Suprema la que se opuso al proyecto sino el presidente del alto tribunal junto a la senadora Paloma Valencia: "No fue la Corte Suprema, fue el presidente de la Corte Suprema al lado de Paloma Valencia", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
