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Con una votación de 8 a 1, los magistrados votaron a favor de la ponencia en la que se advertía que el presidente de la República, con la expedición de dicho Decreto, no estaba en contravía de los requisitos exigidos frente a la conexidad de los acuerdos de paz y la implementación de los mismos.
Lo que trascendió es que los magistrados determinaron que este Decreto es oportuno y se configura dentro de la celeridad necesaria para el desarrollo de los acuerdos y la protección de los miembros de las Farc y su familia que son de otros países y que están en territorio nacional.
Con esta decisión la Corte Constitucional, descartó los argumentos del Procurador Fernando Carrillo, quien había solicitado tumbar dicha norma porque debía tramitarse por el Congreso y no vía Decreto.
Para Carrillo no se pactó ninguna prioridad relacionada con el visado para los miembros extranjeros de las Farc que están en el país y que recibirían los beneficios de residentes permanentes para ellos y su familia.
