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La Corte Constitucional escuchará este viernes 28 de noviembre, a cuatro abogadas y un abogado, quienes participarán en intervenciones de media hora para sustentar por qué clasificaron a la lista final de elegibles para convertirse en magistrado magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.
Diana Richardson, Luis Neira, Gloria Meza, Juanita Durán y Liliana Cardona, compiten por llegar a ese tribunal, que se encarga por ejemplo, de otorgar tarjetas profesionales a quienes se gradúan en Derecho.
El presupuesto general de la nación de 2026, que el Congreso le aprobó al Gobierno nacional por $546,9 billones, le asignó a la Rama Judicial unos $11,6 billones. La Judicatura se encarga de la administración del dinero, que distribuye entre juzgados y servidores para que la justicia funcione.
Los cinco candidatos que disputan el cupo en la Judicatura ante la Corte Constitucional
La Corte Suprema de Justicia elige a dos magistrados de la Judicatura; el Consejo de Estado elije a tres y la Corte Constitucional, a uno. La Corte Constitucional hizo una convocatoria pública, revisó las hojas de vida y sacó la lista de elegibles.
Dicha elección, como usualmente ocurre con cada cargo en el que las cortes tienen que votar por alguien —como los fiscales generales o las ternas para el Congreso—, ha causado escozor. Internamente, las inclinaciones de los miembros de la Sala Plena ambientan una elección complicada.
Tensión interna y denuncias de “campaña sucia” marcan la recta final de la elección
Según la Red de Veedurías de Colombia, la magistrada Natalia Ángel, ternada por el Consejo de Estado en 2021, y el magistrado Miguel Polo Rosero, también postulado por el alto tribunal contencioso administrativo —este año—, se la estarían jugando por Juanita Durán.
Durán es una abogada de la Universidad EAFIT y especialista en Economía de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Derecho de la University College of London. Desde 2005 ha acumulado una vasta experiencia en entidades estatales.
La red asegura que Durán trabajó en la administración de Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación. Pero en la hoja de vida que la Corte Constitucional publicó en su página web no hay ningún registro que lo acredite así.
Montealegre fue fiscal entre 2012 y 2016. En ese período Durán trabajó con el exmagistrado Manuel José Cepeda Espinosa, fue asesora en el Ministerio de Salud, contratista en la Superintendencia de Salud y secretaria técnica y gerente de defensa judicial en Colpensiones.
En la Fiscalía fue directora y subdirectora de Políticas Públicas entre 2017 y 2020, en la administración de Néstor Humberto Martínez y el primer año de Francisco Barbosa. Según la Red de Veedurías, la abogada "tuvo una relación cercana con Alejandro Gaviria", exministro de Educación y de Salud.
La elección aparentemente está marcada por la "campaña sucia", dijo la red que dirige Pablo Bustos, en medio de candidaturas que descalifican a otras, "lo cual pone una sombra sobre el proceso, el cual debería estar guiado por capacidades intelectuales y de gerencia".
